Provea: Cinco defensores de DD. HH. permanecen “encarcelados injustamente”

La organización no gubernamental venezolana Provea denunció este jueves que al menos cinco defensores de derechos humanos se encuentran "encarcelados injustamente" en Venezuela, en lo que califican como un patrón sistemático de persecución y represión por parte del Estado contra quienes ejercen labores de denuncia y protección de derechos fundamentales.
Los activistas privados de libertad son Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Todos ellos han sido reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional, destaca Provea en un comunicado.
San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida en febrero de 2024 junto a cinco miembros de su familia y acusada de terrorismo y traición a la patria. Desde 2005, su organización exigía transparencia en la gestión del poder militar venezolano.
Por su parte, Javier Tarazona, director de FundaRedes, se encuentra detenido desde julio de 2021, tras denunciar amenazas en su contra. Tarazona había documentado la actuación de grupos armados irregulares en zonas fronterizas y casos de abusos contra docentes.
Eduardo Torres, abogado de Provea, desapareció en mayo de 2025. Ocho días después, se confirmó su reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, donde permanece aislado. Su trabajo incluía la defensa de trabajadores y presos políticos.
El periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas fue arrestado el 15 de abril de 2024 y también recluido en El Helicoide. Está acusado de terrorismo y magnicidio, sin acceso a defensa privada y con un deterioro progresivo de salud, según denuncias.
El abogado Kennedy Tejeda, miembro de Foro Penal, fue detenido el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo, mientras intentaba prestar asistencia legal. Pasó 20 horas desaparecido antes de ser trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin acceso a sus abogados.
Provea advirtió que los cinco defensores enfrentan procesos sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia. La ONG acusa al Estado venezolano de incumplir sus compromisos internacionales y de criminalizar la defensa de derechos humanos.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha exigido la liberación inmediata e incondicional de los detenidos, alertando que sus casos forman parte de un patrón más amplio de represión. Además, denunció que muchas personas detenidas por razones políticas son sometidas a desapariciones forzadas, aislamiento, falta de atención médica y ausencia de garantías judiciales.
Provea subrayó que el Estado venezolano está violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos. Según cifras de Foro Penal, al menos 934 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en el país.
La organización exigió la liberación de todos los presos por ejercer su derecho a defender derechos, el cumplimiento de juicios justos, y el respeto a la comunicación con familiares y asistencia legal, en línea con los tratados internacionales suscritos por Venezuela.
Nadie debería estar preso por defender derechos.
En Venezuela hay al menos 5 defensores encarcelados injustamente: Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Eduardo Torres, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda.
Estos no son casos aislados, libertad para quienes #DefendemosVenezuela.… pic.twitter.com/dT4PLdjyJg
— PROVEA (@_Provea) July 3, 2025