Provea advierte que Ley sobre ONG sería “el inicio de lo que pasó en Nicaragua”
La organización expresó preocupación ante el posible cierre masivo de organizaciones críticas y no críticas, tal como ocurrió en Nicaragua, donde más de 3.000 asociaciones han sido clausuradas. “Defender nuestro derecho a asociarnos es clave para preservar la democracia y luchar por los derechos de todas las personas en el país”, afirmó Provea. Uno de los requisitos de esta ley es registrarte ante el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dirigido por Diosdado Cabello
La reciente publicación en la Gaceta Oficial de la Ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines encendió las alarmas entre las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las ONG más antiguas del país, expresó preocupación ante el posible cierre masivo de organizaciones críticas y no críticas, tal como ocurrió en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega, donde más de 3.000 asociaciones han sido clausuradas.
“Defender nuestro derecho a asociarnos es clave para preservar la democracia y luchar por los derechos de todas las personas en el país”, afirmó la organización en un comunicado.
La ley, compuesta por 39 artículos, impone severas restricciones al funcionamiento de las ONG. Entre sus disposiciones más controvertidas está la obligación de registrarse ante el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en un plazo de 72 días.
Esta cartera es dirigida por Diosdado Cabello, quien señaló repetidamente a estas organizaciones de recibir financiamiento extranjero para “desestabilizar” al gobierno chavista.
Provea advirtió que la normativa busca “criminalizar nuestra labor” y limita la independencia de las ONG, además de establecer sanciones económicas desproporcionadas y permitir la disolución arbitraria de organizaciones críticas con el gobierno.
Entre las afectadas se incluyen aquellas dedicadas a derechos humanos, asistencia social, educación y cultura.
Cabello, promotor de la ley, acusa a estas organizaciones de tener vínculos políticos con la oposición venezolana y de operar con fines distintos a los humanitarios.
En 2023, presentó ante la Asamblea Nacional una lista de 62 organizaciones supuestamente involucradas en actividades políticas, entre las que mencionó a Provea, Súmate y Más Ciudadanos.
Desde su perspectiva, muchas de estas entidades actúan como extensiones de intereses internacionales contrarios a la administración oficialista.
El marco jurídico previo ya exigía a las ONG cumplir con estándares de transparencia y responsabilidad. Sin embargo, las organizaciones muestran su preocupación ante la nueva legislación por restringir los derechos de libre asociación y expresión.