Operaciones con criptomoneda superan los $44 millardos en el último año

El uso de las criptomonedas en Venezuela va en incremento ante la devaluación del bolívar y la disminución de divisas en efectivo.

Eleazar Colmenares, CEO de Criptobuyer, detalló en una entrevista con Unión Radio que, entre junio de 2024 y julio de 2025 en Venezuela se han transado 44 mil millones de dólares en criptomonedas.

El experto estima que se trata de un auge como alternativa para preservar el valor del dinero.

“Todo venezolano que hoy en día posee bolívares y desea protegerse tiene mecanismos a través de plataformas que están reguladas en el país para poder adquirir criptomonedas en tiempo real, efectuando un pago móvil y posteriormente poder vender esas criptomonedas en tiempo real, en cuestión de minutos, de segundos y poder obtener los bolívares”, explicó.

Por otro lado, Colmenares dijo que en el país estas monedas pasaron de ser un “tabú” a ser una alternativa con posibilidades de convertirse en la cotidianidad del venezolano.

“Las criptomonedas (…) se acoplan a las necesidad que tenga cada quién. Hay un tabú, las personas piensan que para poder entrar en este mundo de usabilidad de cripto tienen que poseer grandes cantidades de dinero, tienen que ser únicamente para invertir y no es así”, resaltó.

Destacó que Venezuela en 2020 ocupó el tercer lugar de adopción de criptomonedas entre 154 países, en 2021 descendió al séptimo lugar, en 2024 al decimocuarto y este año se encuentra en la posición 18. Sin embargo, se mantiene como el segundo país en Latinoamérica, solo superado por Brasil.

Evasión de sanciones

Mientras que el venezolano de a pie se adapta tímidamente a las criptomonedas, en las filas del Gobierno nacional estas se han convertido en la manera más eficaz de evadir las sanciones internacionales, que les impiden mover fondos y comercializar con otros países en los métodos de pago tradicionales.

La organización Transparencia Venezuela, denunció en un reciente informe que las criptomonedas se han convertido en el principal canal de corrupción financiera, involucrando a altos funcionarios, empresas privadas y bancos que operan bajo protección del Gobierno.

El informe revela que el sistema criptográfico nacional, presentado por la administración venezolana como símbolo de “soberanía digital”, ha sido manipulado para desviar miles de millones de dólares en fondos públicos y blanquear activos a través de operaciones opacas y sin control.

En su investigación detallan que, entre 2017 y 2025, la dictadura chavista utilizó el criptoactivo Petro como fachada para desviar recursos y realizar ventas ilegales de petróleo con el fin de sortear las restricciones y sanciones económicas internacionales.

La llamada “trama PDVSA–Cripto”, dirigida por el ex vicepresidente y ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami —actualmente detenido— y el ex superintendente de criptoactivos Joselit Ramírez, habría facilitado el desfalco de al menos 16.950 millones de dólares.

Este esquema se apoyó en estructuras institucionales creadas específicamente para blindar y manipular las operaciones, como la Sunacrip, la Tesorería de Criptoactivos y plataformas centralizadas de registro y minería controladas directamente por el chavismo.

El informe destaca que el Petro nunca funcionó como una criptomoneda convencional y descentralizada.

Por el contrario, fue utilizado como un instrumento de control político, permitiendo a los operadores gestionar transacciones petroleras y cambiarias fuera del radar fiscal y judicial, tanto nacional como internacional.

La falta de auditoría real y la discrecionalidad en la administración del sistema facilitaron los movimientos de capital y ocultaron la procedencia y destino final de enormes sumas de dinero.

USDC y USDT

Tras el fracaso y colapso del Petro en 2024, el régimen lanzó una nueva fase basada en el uso de stablecoins como USDC y USDT, aprovechando la participación de empresas privadas con licencias estatales, como Kontigo y Crixto Pay.

Estas firmas gestionan millones de dólares en transacciones, en muchos casos sin controles efectivos de origen o verificación de identidades.

La compra de stablecoins a tasa oficial y su reventa a precios de mercado paraleloha generado un circuito de arbitraje, ganancia inmediata y capacidad de convertir activos ilícitos en divisas “legítimas”, producto de operaciones digitales con respaldo institucional.

A este sistema se suman bancos privados claves que, según Transparencia Venezuela, facilitaron recargas mensuales de hasta 100 mil USDC en efectivo, sin verificación ni trazabilidad sobre los participantes en la triangulación.

El modus operandi recuerda el viejo esquema del dólar preferencial, aunque ahora repotenciado mediante tecnología blockchain y con aún menores controles regulatorios.

El informe advierte que esta triangulación mantiene la lógica de opacidad: recursos estatales son canalizados a tenedores privados y se reconvierten a través de plataformas cripto que luego permiten transferencias internacionales sin supervisión.

Transparencia Venezuela afirma que, lejos de consolidar un proyecto de modernización financiera o inclusión digital, el experimento del criptoactivo ha sido un mecanismo parasostener la corrupción sistémica, esquivar sanciones y asegurar el reparto discrecional de rentas petroleras en la cúpula del régimen.

A pesar de las nuevas tecnologías y la apariencia de modernidad, la estructura sigue dependiendo del control absoluto de actores próximos a Nicolás Maduro y perpetúa la impunidad de esquemas de desfalco.

El informe de la ONG concluye que la “reinvención” del sistema financiero venezolano bajo el chavismo es, en realidad, una profundización de los viejos mecanismos de saqueo, ahora camuflados detrás de plataformas digitales y criptoempresas protegidas oficialmente.