ONG’s que velan por derechos humanos en Venezuela: “Muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado”

Tras el suicidio en Tocorón de Lindomar Bustamante, mototaxista y obrero, de 27 años, las organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos de los detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, exigen al Estado venezolano brindar las medidas humanitarias y de seguridad en favor de Jhoandri Josel Silva.

A los integrantes de la ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad le preocupa la falta de claridad sobre el estado de salud de Silva, de 26 años, trabajador arrestado cerca de una farmacia a la que había acudido para adquirir un medicamento para su hija en el estado Cojedes y en el mismo contexto post-electoral.

Jhoandri Joel habría intentado suicidarse, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en la red social X.

Tamara Suju, abogada, directora ejecutiva de Casla Institute y Delegada de WJA ante la CPI,   asegura que Silva se encontraría grave en el Hospital Militar de Caracas. “Era constantemente torturado psicológicamente por los custodios”, denuncia.

Responsabilidad del Estado

“Las muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado”, expresa Oscar Murillo, coordinador general de Provea, quien afirmó que el fallecimiento de Lindomar Bustamante, ocurrido este sábado 3 de mayo, subraya la necesidad de la inmediata liberación de todos los presos por motivos políticos.

“Es un llamado urgente a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar que todos los presos bajo su custodia sean tratados humanamente. Mi solidaridad con las familias que hoy lloran la pedida de sus seres queridos luego de una injusta reclusión”.

De acuerdo con la información suministrada por familiares, Lindomar ya había atentado contra su vida y, aunque lo advirtieron, no recibió atención médica ni protección. Llevaba 15 días en régimen de castigo y aislamiento.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, coincide con Murillo: ”La muerte de presos políticos bajo custodia en Venezuela constituye una grave violación de los derechos humanos y un incumplimiento de las obligaciones del Estado bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Almagro advierte que la OEA condena el patrón sistemático de abusos e impunidad en Venezuela. “El régimen es plenamente responsable por la vida e integridad de todas las personas detenidas. Reiteramos nuestro llamado a poner fin a la detención arbitraria, la tortura y la criminalización de la disidencia. La justicia y la rendición de cuentas son esenciales. Venezuela debe cumplir con sus compromisos conforme a la Carta Democrática Interamericana y al derecho internacional de los derechos humanos”.

Seis muertes recientes

De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos suman al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025. “Pero el Estado no solo no está protegiendo la vida de nuestros muchachos, sino que las está destruyendo”, acusó en X, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

Cinco de los fallecidos —Jesús Manuel Martínez, Jesús Rafael Álvarez, Osgual Alexander González, Reinaldo Araujo y Lidomar Bustamante— fueron arrestados tras los comicios y eran considerados presos políticos por diversas organizaciones no gubernamentales. El sexto, Marino Lugo, coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, había sido detenido por corrupción y murió antes de las elecciones, según una lista elaborada a partir de reportes de ONG venezolanas.

Tanto el Centro Penitenciario de Aragua (conocido como Tocorón) como el Internado Judicial de Tocuyito, en Carabobo —donde ocurrieron varias de las muertes—, fueron habilitados para albergar a la mayoría de los más de 2.400 detenidos tras las protestas por la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, sin que se mostraran actas que certificaran su victoria, según el Foro Penal.

ONG y familiares denuncian que en estos centros penitenciarios los reclusos enfrentan condiciones inhumanas, torturas, intentos de suicidio, crisis nerviosas e incomunicación, además de carecer de atención médica oportuna para enfermedades preexistentes. En Tocorón, en particular, Clippve señala la existencia de torturas sistemáticas y violaciones de derechos humanos.

Aunque el Ministerio Público ha informado sobre la excarcelación de unas 1.900 personas, el Foro Penal contabiliza actualmente 906 presos políticos en Venezuela, en su mayoría arrestados tras las elecciones: 815 hombres y 91 mujeres, incluidos cinco adolescentes de entre 14 y 17 años.

Estos son los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado entre 2024 y 2025:

Marino Lugo Aguilar

Coronel de la Fuerza Armada Nacional, ocupó cargos relevantes en empresas del Estado. Fue detenido el 17 de abril de 2024 por su presunta implicación en el caso de corrupción Pdvsa-Cripto y murió horas después, presuntamente por ahorcamiento, según informó el Ministerio Público. Fue la tercera persona arrestada por este caso que murió bajo custodia.

Jesús Manuel Martínez Medina

Testigo electoral en las elecciones presidenciales, fue detenido el 29 de julio de 2024 y falleció el 14 de noviembre en un hospital de Barcelona, Anzoátegui, por complicaciones cardíacas asociadas a la diabetes tipo II. Según familiares, en prisión sufrió maltratos y no recibió atención médica adecuada, lo que derivó en abscesos e infecciones graves.

Jesús Rafael Álvarez

Detenido el 2 de agosto junto con su esposa en el estado Bolívar, acusado de terrorismo e instigación al odio. Falleció el 12 de diciembre en la prisión de Tocuyito tras no recibir atención médica, según denuncias. Su hijo relató que su cuerpo presentaba signos de desnutrición y golpes.

Osgual Alexander González

Arrestado junto con su hijo de 19 años de edad después del proceso electoral. Ambos fueron trasladados a Tocuyito, donde su hijo sigue detenido. González falleció pocos días después que Álvarez, tras presentar síntomas que, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, sugerían hepatitis. Antes de su muerte, había sido hospitalizado por dolor abdominal.

Reinaldo Araujo

Activista y dirigente de Vente Venezuela en Trujillo, detenido el 9 de enero. Falleció el 24 de febrero, según denunció el Comité de Derechos Humanos de su partido. Araujo tenía problemas de salud previos y fue arrestado por la Guardia Nacional Bolivariana cuando regresaba de una cita médica.

Lindomar Bustamante

Joven de 27 años de edad, detenido en Cojedes durante las protestas postelectorales mientras se dirigía a su casa en moto. Murió el 3 de mayo en Tocorón, presuntamente por suicidio por ahorcamiento. Bustamante ya había intentado quitarse la vida varias veces y estuvo recluido al menos 15 días en las llamadas celdas de castigo o “el tigrito”, utilizadas para tortura psicológica, según Clippve.