ONG reporta 1.069 presos políticos en Venezuela
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón comunicó el 5 de noviembre que ha registrado hasta la fecha un total de 1.069 presos políticos en Venezuela. Este número incluye a 37 ciudadanos extranjeros y 47 venezolanos con doble nacionalidad.
La cifra proporcionada por la organización corresponde a casos verificados, aunque advierten que la cantidad total podría ser mayor. Este registro supera el informe del Foro Penal, que contabilizó 875 detenidos hasta el 27 de octubre.
Además, la ONG indicó que el paradero de 160 personas detenidas por motivos políticos es desconocido, lo que consideran una situación "preocupante". Según sus declaraciones, esto "genera incertidumbre sobre su seguridad y bienestar" y podría constituir una violación de derechos humanos.
Entre los presos políticos, la ONG destaca que hay 171 funcionarios activos de cuerpos de seguridad del Estado, 35 retirados, 11 defensores de derechos humanos, 20 periodistas, 15 sindicalistas, 228 personas vinculadas a organizaciones políticas y 552 integrantes de la sociedad civil.
Justicia, Encuentro y Perdón emitió un alerta sobre el "incremento sostenido de la persecución y las detenciones arbitrarias por razones políticas" en la última semana. Además, hizo un llamado a las autoridades para que cesen estas prácticas, se respete el Estado de derecho y se libere de forma inmediata a todos los presos políticos.
Cada día de detención arbitraria es una prueba de que la justicia y la libertad deben ser defendidas con urgencia", enfatizó la ONG.
En un caso particular, la ONG también denunció el deterioro de la salud del preso político Juan Nahir Zambrano, un joven con autismo que ha estado privado de libertad desde 2022. Justicia, Encuentro y Perdón solicitó una evaluación médica completa y acceso a tratamiento, destacando que el joven presenta fiebre, dolor de oído y molestias en las vías respiratorias, requiriendo atención médica inmediata.
Asimismo, se exige la liberación de Diego Sierralta Barrios, quien es el único familiar directo de Yenny Barrios, una paciente oncológica en estado crítico que fue detenida durante las protestas postelectorales de 2024 y, tras ser excarcelada, tuvo sus tratamientos interrumpidos.
Diego Sierralta fue detenido el 22 de enero en Barquisimeto, estado Lara, bajo acusaciones de tráfico de medicamentos. Desde su arresto, ha sufrido un deterioro progresivo de su salud, con hospitalizaciones recurrentes y la necesidad de diálisis por complicaciones oncológicas.
