ONG exigen derogar Estado de Conmoción y restituir garantías constitucionales en Venezuela
Organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales exigieron al Estado venezolano la derogación inmediata del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, al considerar que su vigencia carece de justificación jurídica y ha sido utilizada como un instrumento para restringir derechos fundamentales y criminalizar la disidencia.
En un decálogo de exigencias prioritarias, suscrito por diversas ONG de derechos humanos, y en un pronunciamiento del Laboratorio de Paz, las organizaciones sostienen que el decreto, adoptado el pasado 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, no cumple con los estándares del derecho internacional. Recordaron que los estados de excepción solo son admisibles en circunstancias estrictamente excepcionales, como guerras o amenazas reales a la vida de la nación, reseña Tal Cual.
Las ONG señalaron que el propio Estado venezolano ha reconocido la existencia de canales de cooperación y negociación con el país que identifica como agresor externo, Estados Unidos, lo que —afirman— desvirtúa la base fáctica para sostener un régimen de excepción por “conmoción exterior”.
De acuerdo con el documento del Laboratorio de Paz, la prolongación del decreto representa un grave riesgo de que el régimen excepcional sea utilizado como mecanismo de control político interno, al amparar prácticas prohibidas por el derecho internacional. Entre ellas mencionan detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad personal, de expresión y de reunión, así como violaciones al debido proceso.
La organización denunció que, bajo la cobertura del decreto, se han producido privaciones arbitrarias de libertad sustentadas en disposiciones que ordenan la búsqueda y captura inmediata de personas en todo el territorio nacional, sin que tales medidas resulten necesarias ni proporcionales.
Además de exigir la derogación del Estado de Conmoción Exterior, las organizaciones demandaron la liberación total de los presos políticos, el cese de las detenciones arbitrarias, el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales, el fin de la criminalización de la protesta y la disidencia política, así como el respeto al debido proceso y a la libertad personal. También solicitaron que se permita la supervisión internacional independiente sobre la situación de derechos humanos y se facilite la visita de organismos internacionales.
Las ONG reiteraron que la seguridad nacional y la soberanía no pueden ser invocadas para justificar la suspensión indefinida de derechos, y subrayaron que la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos son indivisibles e irrenunciables, incluso en contextos de crisis. Finalmente, exhortaron a la comunidad internacional a mantener la presión sobre las autoridades venezolanas para garantizar el respeto a los derechos humanos y avanzar hacia una salida democrática y pacífica.
El decálogo de exigencias fue suscrito por organizaciones de derechos humanos como Acceso a la Justicia, Provea, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), Justicia, Encuentro y Perdón, Foro Penal, el Observatorio Venezolano de Prisiones y otras ONG que documentan violaciones a derechos fundamentales y acompañan a víctimas en el país.
