ONG denuncia persecución política y atropellos al debido proceso ante comité de revisión del Poder Judicial
Justicia y Transparencia llevará cinco expedientes en los que denuncia procesos penales construidos sobre conjeturas y pruebas cuestionadas. Miguel Ángel Sánchez y Richard R. Ramírez aparecen entre los casos más graves. La organización de DDHH cuestiona la procedencia de teléfonos utilizados como elementos de convicción. También denuncia ausencia de cadena de custodia y graves inconsistencias probatorias. El organismo advierte que llevará los casos ante todas las instancias correspondientes
La justicia venezolana vuelve a quedar bajo cuestionamiento. La organización no gubernamental, Justicia y Transparencia, defensora de los derechos humanos, prepara una denuncia ante el Comité de Revisión del Poder Judicial por presuntas violaciones graves de derechos humanos y atropellos al debido proceso en cinco procesos penales.
Los expedientes corresponden a Miguel Ángel Sánchez, Richard R. Ramírez G., Alexander Navas C., María Luisa Sucre O. y Luis E. Bravo P, dirigentes sociales todos.
La ONG asegura que los casos están debidamente documentados y que revelan un patrón que, a su juicio, no puede ser ignorado por el sistema judicial.
La denuncia se apoyará en el artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal, que permite a organizaciones defensoras de derechos humanos presentar querellas contra funcionarios públicos o agentes policiales por violaciones de derechos humanos cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Sánchez y Ramírez, dos expedientes bajo la lupa
Los casos de Miguel Ángel Sánchez y Richard R. Ramírez G. concentran buena parte de las objeciones planteadas por Justicia y Transparencia.
La organización sostiene que ambos procesos son independientes, pero que presentan una estructura probatoria prácticamente idéntica. Según la denuncia, las acusaciones estarían sustentadas en la actuación de un supuesto agente oculto encargado de identificar a los acusados, además de elementos cuya procedencia y trazabilidad son cuestionadas.
Uno de los puntos más delicados está relacionado con teléfonos incorporados a los procesos. La ONG afirma que no estaría determinada su procedencia, que no existiría una cadena de custodia verificable y que se habría realizado el vaciado de los dispositivos sin establecer claramente la identidad de quienes participaron en esas actuaciones.
Si esas irregularidades son confirmadas, el problema dejaría de ser una simple controversia procesal. Estaría en juego la integridad de las pruebas utilizadas para sostener acusaciones penales y, con ella, el derecho de los procesados a una defensa efectiva.
Acusaciones bajo sospecha
Justicia y Transparencia sostiene que los cinco ciudadanos han sido objeto de persecución penal por razones políticas y denuncia la fabricación de casos sin pruebas suficientes.
La organización afirma, además, que los fiscales encargados de las acusaciones conocerían la falta de elementos probatorios y que habrían actuado por instrucciones superiores. Se trata de una acusación de extrema gravedad que deberá ser examinada y determinada por las autoridades competentes.
Pero el cuestionamiento de fondo es todavía mayor. Una justicia que permite avanzar procesos penales sobre evidencias cuya procedencia, cadena de custodia o autenticidad son discutibles termina colocando al ciudadano frente a un aparato que puede acusarlo antes de demostrar su responsabilidad.
El principio debería ser elemental: nadie puede ser condenado por una conjetura, una prueba imaginaria o una evidencia cuya trazabilidad no pueda ser demostrada.
Justicia y Transparencia asegura que no limitará su actuación a la denuncia ante el Comité de Revisión. La organización anuncia que llevará los casos a todas las instancias correspondientes y que mantendrá presencia en los juicios para vigilar el respeto de las garantías fundamentales.
Los nombres de Miguel Ángel Sánchez y Richard R. Ramírez G., junto con los de Alexander Navas C., María Luisa Sucre O. y Luis E. Bravo P., quedan así incorporados a una denuncia que pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda para el sistema judicial venezolano: ¿puede existir justicia cuando el debido proceso deja de ser una garantía y se convierte en una formalidad?