Oficialismo zarandea continuidad de la Asamblea Nacional
En la Carta Magna venezolana están establecidas de forma clara las competencias y atribuciones de todos y cada uno de los poderes públicos del Estado. El numeral 21 del artículo 236 establece que una de las facultades del Presidente de la República es: “Disolver la Asamblea Nacional (AN)…”, pero los expertos en leyes aseguran que para poder solicitar dicha medida debe existir una acusación donde se aprecie explícitamente una situación de usurpación de poder.
Para el analista político Ricardo Lobo, resulta válido que el Gran Polo Patriótico (GPP), como coalición oficialista, utilice distracciones políticas cuando la oposición está a mitad de camino para solicitar un revocatorio en contra del presidente Maduro.
“Es una buena estrategia por parte del sector chavista que si se está solicitando un referendo, se solicite como sector la abolición del poder legislativo”, enfatizó. Para el analista, esto haría que la “guerra de poderes” quede a partes iguales. “Si uno pide revocatorio el Gobierno pide la nulidad del órgano”, acotó.
La perspectiva de Lobo choca con la postura del politólogo, Alejandro Martínez Ubieda, que sostiene que el planteamiento del GPP de abolir la AN “es absurdo jurídicamente, constitucionalmente y políticamente. No se puede eliminar uno de los Poderes Públicos, pues el Estado se fundamenta en la existencia de por lo menos tres poderes que están establecidos con rangos constitucionales”.
Douglas Querales, abogado constitucionalista, explica que la AN ha caído continuamente en una usurpación de las funciones exclusivas del Poder Ejecutivo y por ser reiteradas “las ofensas y descalificaciones se presenta una situación muy conflictiva”.
El viaje del presidente del parlamento a la sede de la Organización de Estados Americanos, para el experto, es sin duda la seña de que se violó una facultad “exclusivísimas de llevar las políticas exteriores del país que corresponde al presidente de la República”.
Término errado
Juan Berrios, abogado constitucionalista, explica que el término utilizado por Didalco Bolívar, quien encabeza la iniciativa del GPP, es errado.
“Abolición significa eliminación y la Asamblea no puede ser eliminada, ni suprimida, lo que puede haber es una renovación de nuevos diputados, pero para que eso suceda debe hacerse un referendo una vez se cumpla la mitad del periodo constitucional”. Garantizó que “en principio y por ningún lado es viable”.
Julio Lattán, presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, manifestó que “la visión de las personas que hicieron esas declaraciones son totalmente incorrectas, improcedentes e inconstitucionales”.
El abogado chavista prefiere mantenerse al margen de la propuesta pues alega que pone en peligro el legado del fallecido presidente Hugo Chávez. Además aseveró que entre las competencias de los poderes e incluso con el control que ejerce al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no alcanza para eliminar a la Asamblea Nacional.
Aclaró que en el supuesto caso de que se presenten actuaciones que se consideren fuera de orden legal, las sanciones deben ser ejecutadas de forma individual. “Si hay acciones concretas por parte de directivos de la AN por conductas violatorias como traición a la patria, allí sí debe proceder al TSJ”, sentenció Lattán.
