Negocio del oro en Venezuela: 72 empresas vinculadas con militares y políticos recibirían 66% de ganancias

Transparencia Venezuela activó un radar en el sur de Venezuela, concretamente en el estado Bolívar, publicó recientemente un informe sobre el negocio del oro en Venezuela.

La ONG basó su investigación en torno de las operaciones de extracción del Estado venezolano en los 113.598 km que conforman el Arco Minero, y que corresponde a 12,4% del territorio nacional, con una extensión mayor a la de países como Cuba, Bélgica, Panamá, Irlanda, Suiza o Costa Rica.

La capacidad real de producción de oro en Venezuela y el volumen de extracción es difícil de determinar debido a la falta de transparencia y la opacidad en la industria minera. No obstante, el seguimiento realizado por Transparencia Venezuela al sector, con entrevistadas a funcionarios del Estado, levantamiento de información en campo y revisión de estadísticas internacionales, permite afirmar que la producción minera en el país ha estado creciendo de manera sostenida desde 2020”, se lee en el documento.

De acuerdo con el análisis de los datos recabados en este estudio, solo en 2023 la producción de oro en Venezuela se situó entre 45 y 54 toneladas, lo que representó entre 2.750 y 3.300 millones de dólares, dado que entonces el precio del oro promedió 61.086,33 dólares por kilo.

Pero este incremento en la producción no se tradujo en más ingresos para el Estado, explica. “Según la investigación desarrollada para este informe, al Banco Central de Venezuela (BCV) apenas estaría ingresando 8% por concepto de regalías y 6% por autorizar las exportaciones de oro dada su limitada capacidad de compra, mientras las organizaciones criminales se estarían quedando con alrededor de 20% y las alianzas estratégicas vinculadas a la élite política con 66%”.

Crecimiento sostenido

Según Transparencia Venezuela, para la fecha de publicación de este informe aún no se cuenta con datos suficientes para determinar el nivel de producción o ingresos por oro en 2024. Y esto se debe a que los ministerios vinculados con el sector minería siguen sin publicar sus informes de gestión y el BCV tampoco ha informado sobre la cantidad de oro que ingresó a sus cuentas. No obstante, en enero de 2025, Nicolás Maduro aseguró que en 2024 el sector minería creció 21%1.

Maduro no precisó cuál fue el crecimiento particular de la producción de oro en 2024 o cuánto representó en dinero. Sin embargo, en el Plan Sectorial Minero2 estaba previsto que entre 2023 y 2024 la producción de oro aumentaría cerca de 20% para ubicarse en 67,3 toneladas de oro al año.

Si se asume que al cierre de 2024 la producción de oro se ubicó en 67,3 toneladas y se toma como referencia el precio promedio del kilo de oro (que se ubicó en 84.208,20 dólares), esto arroja un monto de 5.667 millones de dólares. Siguiendo con las premisas previas, de este total, estaría ingresando al BCV 8% por regalías (455 millones de dólares) y 6% por autorizaciones de exportación (337 millones de dólares), mientras los otros 4.875 millones de dólares se estarían repartiendo entre organizaciones meramente criminales y las alianzas estratégicas”.

Alianzas Estratégicas ¿Legales o no?

Desde que el gobierno de Nicolás Maduro aprobó el Decreto Ley que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos en 2015, estableció la figura de las alianzas estratégicas. Transparencia Venezuela precisa que se trata de acuerdos establecidos entre un ente estatal y personas naturales o jurídicas para desarrollar, según se estime, una o varias de las actividades que comprende la minería.

El informe precisa que, aunque en los primeros años de la creación del Arco Minero del Orinoco la figura que predominaba era la de las empresas mixtas, en las que el Estado debe tener al menos 55% de participación, desde 2020 y al cierre de 2024 no ha dejado de crecer el número de alianzas estratégicas creadas en la zona para explotar oro, procesarlo y hasta exportarlo de manera directa, gracias a autorizaciones otorgadas por el Banco Central de Venezuela.

“A diferencia de las empresas mixtas, las alianzas estratégicas pueden tener una participación de hasta 80% sobre lo que producen, mientras el Estado apenas el 20% restante”, resalta.

Para Transparencia Venezuela estos porcentajes son solo uno de los puntos que llaman la atención sobre estos negocios, también destaca la gran opacidad que los rodea. No se conocen los criterios ni los procedimientos de los entes públicos para seleccionar a los socios en las alianzas estratégicas, el alcance de sus obligaciones, la duración de los acuerdos, el nivel de producción, la cantidad de contratos que se han suscrito hasta la fecha, así como las cifras de mineral exportado o entregado a la República por medio del BCV. Tampoco hay información sobre los beneficiarios finales de estos acuerdos.

Rastreo

“Pese al secretismo estatal, al cierre de 2024 Transparencia Venezuela identificó 72 empresas que han establecido alianzas estratégicas con el Estado para la explotación de oro, la instalación de plantas de cianuración para su procesamiento y la venta de insumos”, se lee.

El rastreo de estas empresas por fuentes abiertas y registros públicos de Venezuela permitió identificar casos en los que los dueños de las compañías que se asocian con el Estado son a su vez efectivos militares o personas relacionadas con funcionarios de alto poder, en otros casos se trata de personas que han sido o están siendo investigadas por corrupción dentro y fuera de Venezuela.

Uno de los casos es el de la empresa Corporación Petroglobal, que estableció una alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para el desarrollo de actividades de beneficio y transformación de arenas auríferas con el uso de cianuro.

De acuerdo con las investigaciones realizadas y difundidas en su página por Transparencia Venezuela, esta empresa es propiedad de Mario Bonilla Vallera identificado por la justicia de Estados Unidos, como el supuesto testaferro de los hijos de Cilia Flores, Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, y de su hermanastro Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

En el trabajo de campo realizado al sur del estado Bolívar en 2024 también se encontraron más datos de la Empresa Minera Ecosocialista JC, CA o JC Eminca, ubicada entre Guasipati y El Callao, que indican su vinculación con Jesús Rafael Velásquez Acosta, militar egresado de la academia en 1999, en la misma promoción que Antonio José Pérez Suárez, el exvicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, detenido en marzo de 2023 por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto.

Entre las alianzas estratégicas resalta además el nombre de empresas que presuntamente guardan relación con China. Una de ellas es Hangzhou Dragon Dorado 2020, C.A. que suscribió una alianza estratégica con el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, “para la exploración, explotación y procesamiento de material aurífero”. Otra es Inversiones Corundum, C.A, acusada de hacer una invasión china en El Callao, estado Bolívar.

En el informe Explotación de oro en Venezuela 2024: devastación, caos y corrupción Transparencia Venezuela en el exilio presenta una actualización de cómo en esta actividad económica se profundizan y perfeccionan los mecanismos corruptos, dejando casi de lado el contrabando con pistas clandestinas y otras estrategias, para utilizar desde 2020 las llamadas “alianzas estratégicas”, que son acuerdos discrecionales entre un ente del Estado venezolano y personas naturales o jurídicas, para desviar los ingresos de todos los venezolanos a manos de actores que aparentan estar ajustados a la legalidad.