Misión de la ONU sobre detención de niños en Venezuela: “Es un fenómeno preocupante”
En el informe, la Misión de la ONU señala que “a los niños y niñas no se les informó de las razones de su detención”. “En la mayoría de los casos, la incomunicación con la familia duró entre 7 y 10 días. En uno de los casos, la víctima no tuvo contacto con su familia por más de 18 días”. Muchos de los niños y niñas fueron excarcelados con medidas cautelares alternativas a la privación de libertad.
La Misión internacional independiente de la ONU para Venezuela documentó la detención de al menos 150 menores de edad (122 niños y 28 niñas) durante el período posterior a las elecciones presidenciales.
“Una proporción todavía no establecida de estos fueron imputados con delitos graves como incitación al odio y terrorismo por su alegada participación en protestas violentas”, detalla el informe, dado a conocer íntegramente este martes 15 de octubre, donde se presentan “conclusiones detalladas sobre las graves violaciones de derechos humanos y delitos cometidos en Venezuela contra personas opositoras o percibidas como tales durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024”.
Las investigaciones de la Misión se centraron en las violaciones graves de derechos humanos mencionadas explícitamente en el mandato que le otorgó el Consejo de Derechos Humanos (como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género)”, indica.
Recuerda que “el período que abarca el informe estuvo marcado por el proceso conducente a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.
La Misión subraya que en todos los casos, según la información recibida, las detenciones fueron ejecutadas sin órdenes judiciales y sin que existiera flagrancia: “Al ser detenidos, los niños y niñas no estaban participando en protestas, pacíficas o violentas. En uno de los casos, la detención se produjo en el marco de una redada indiscriminada en la que también se detuvo a personas adultas que circulaban por la calle cerca de donde se estaba llevando a cabo una manifestación”, reseñó El Nacional.
En el informe, la Misión de la ONU señala que “a los niños y niñas no se les informó de las razones de su detención”, tampoco pudieron informar de la detención a sus familiares, representantes legales o abogados, incluso por días y semanas: “En la mayoría de los casos, la incomunicación con la familia duró entre 7 y 10 días. En uno de los casos, la víctima no tuvo contacto con su familia por más de 18 días”.
Según pudo documentar la Misión, “los niños y niñas detenidos fueron transferidos en su mayoría a centros de reinserción de adolescentes infractores, aunque algunos permanecieron privados de libertad en centros de detención para adultos y en instalaciones de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado”.
En el informe se advierte que la Misión fue informada de que en uno de los casos investigados, dos de los niños fueron golpeados por los agentes que los detuvieron, “a uno causándole fracturas en los dientes y una lesión en el brazo”. Al otro “se lo amenazó de muerte para que confesara en una grabación haber recibido dinero para participar en una protesta”.
Muchos de los niños y niñas fueron excarcelados con medidas cautelares alternativas a la privación de libertad.