Misión de la ONU denuncia plan del Gobierno “para silenciar, desanimar y reprimir” a la oposición

La Misión para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela emitió este martes un informe sobre la "intensificación del aparato represivo del Estado" en el país, que tiene por objetivo desarticular a la oposición.

Mediante una presentación a la prensa, Marta Valiñas, presidente de la Misión, mencionó a las 2000 personas que el Gobierno de Maduro detuvo luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, y destacó que hubo "violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país".

Además resaltó que solo en julio (antes de las elecciones) hubo más de 120 personas detenidas. Por ello, Valiñas resaltó que no se trata de hechos aislados, "sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro".

Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, expuso.

La jurista destacó que esta misión ha examinado la situación de Derechos Humanos en Venezuela, desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024, donde se cercioraron "que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio".

"Las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder", agregó.

Por otro lado, Francisco Cox, también miembro de la Misión de la Determinación de Hechos, expuso que ya ellos habían advertido con anterioridad que el Gobierno nacional podría "activar su aparato represivo a la voluntad", tal como ha ocurrido, según ellos.

Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso", dijo.

Así también, Patricia Tappatá, experta del mismo grupo, relató que la "política represiva del Gobierno", se dirigió especialmente a aquellas personas que se atrevieron a criticar al presidente Nicolás Maduro y los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque se enfocaron en militantes activos de la oposición, "cualquier persona podría ser víctima", añadió Tappatá.

“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”, amplió.

El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.

"Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato", concluyó el informe.

Contexto

Para los miembros de la Misión, las autoridades públicas “ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia” y la ciudadanía está totalmente indefensa “ante la arbitrariedad” porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.

Detallaron que este jueves, en sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentarán su informe oficial sobre Venezuela.

El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, lo actualizaron para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.

Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.

Durante julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que les acusaban de terrorismo e incitación al odio.

Según la Misión, entre éstos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades.

El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.

El mandato de la Misión de investigación fue prorrogado por el Consejo mediante la resolución 45/20 y la resolución 51/29, hasta septiembre de 2024.