Misión de la ONU denuncia que la justicia venezolana ha hecho ineficaz el habeas corpus
Según el comunicado de la Misión, las autoridades judiciales venezolanas han ignorado o rechazado al menos 20 solicitudes de habeas corpus. La Miidhv también criticó que los jueces ignoran recomendaciones internacionales. Uno de los casos señalados es el del abogado y activista Eduardo José Torres Muñoz, detenido el 9 de mayo en Caracas
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (Miidhv), dependiente de la ONU, denunció que las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración se han vuelto una práctica común en el país. Esta situación se ve agravada por la inoperancia del recurso de habeas corpus, un instrumento legal clave para proteger a los ciudadanos contra detenciones ilegales.
Según el comunicado de la Misión, las autoridades judiciales venezolanas han ignorado o rechazado al menos 20 solicitudes de habeas corpus presentadas por familiares y abogados de personas detenidas en circunstancias irregulares. En muchos casos, los tribunales ni siquiera admitieron los recursos, reseñó Acceso a la Justicia.
La indiferencia, resistencia o negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de sus deberes y constituye un acto de complicidad”, afirmó Patricia Tappatá, integrante de la Misión.
La Miidhv también criticó que los jueces ignoran recomendaciones internacionales, incluyendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 9 de los 20 casos documentados, las personas detenidas contaban con medidas de protección emitidas por la CIDH antes de ser arrestadas y sometidas a desapariciones forzadas temporales.
Uno de los casos señalados es el del abogado y activista Eduardo José Torres Muñoz, detenido el 9 de mayo en Caracas. Su arresto fue confirmado por el Ministerio Público cuatro días después, sin información sobre su paradero ni el tribunal a cargo del caso.
La Misión de la ONU subraya que el uso de detenciones arbitrarias, aislamiento e incomunicación, combinado con la inacción del sistema judicial, constituye una grave violación de los derechos humanos y debilita aún más el estado de derecho en Venezuela.