Misión Abastecimiento excluye a 8,3 millones de venezolanos
Falta de divisas merma las importaciones. Disminuyen las casas de distribución. Segregación política alimenta la exclusión. Aumenta la corrupción
“Abastos Bicentenario se pudrió, así lo digo. Ordeno una reestructuración total y absoluta, lo del pueblo es sagrado, Abastos Bicentenario fue penetrado por la corrupción ¿cuántas toneladas de miles de alimentos pasan por allí y descubrimos que la firma a la tienen ellos mismos?” Con estas palabras, el presidente Maduro reconoció el fracaso de su política alimentaria, cuyo ente rector ahora cambió de nombre, pero no de fondo.
El diputado ante la Asamblea Nacional (AN) Carlos Paparoni, lleva un seguimiento sistemático del tema alimentario en Venezuela y ratifica la denuncia de la segregación de venezolanos en el acceso a los alimentos, condicionando este derecho constitucional a la adhesión al partido de Gobierno o la incorporación del beneficiario en alguna misión o programa del Estado, pero además, la nueva Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, como mecanismo corrupto y de control político.
“Es un sistema deliberado para robar y lograr control político. Se trata de una corrupción en distintos niveles. Ha ocurrido en todos los estados, les cobran a la gente y las cajas no llegan, pero además, les exigen carné de la patria o carné del partido a la gente para otorgarles el beneficio. Buena parte de las protestas que ocurren en el país son por la corrupción que hay en los CLAP”.
Insuficiencias
La forma Visor 360° Consultores publicó un detallado informe en el que se confirma la exclusión de 8,3 millones de venezolanos de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro.
“Entre 2013 y 2015, el Gobierno recortó drásticamente la inversión en las misiones sociales de alimentación. En 2015, Mercal benefició solo a un 56 % del a población atendida en 2014”.
La firma, además, revela que el número de beneficiarios bajó de 13,4 a 7,5 millones de personas.
En cuanto a Pdval, el mismo informe señala que atendió a 72 % de sus beneficiarios del 2014, disminución que se traduce en 1,8 millones de venezolanos que no recibieron los alimentos prometidos.
Abastos Bicentenario –reseña el reporte también disminuyó su clientela en un 15 %, es decir poco más de 400 mil personas que quedaron a la espera.
La cifra total de personas desatendidas por todos estos programas asciende a un 64 %, equivalente a 8,3 millones de venezolanos.
Visor 360° publica que entre 2013 y 2015, la disminución de casas de alimentación activas fue del 27 %, pasando de 4.597 a 3.366 y en ese mismo período la cantidad de beneficiarios cayó de 577.307 a 279.605 personas.
Las toneladas métricas de insumos alimenticios suministradas a las casas, se contrajeron en un 44 %, al caer de 46.776 a 26.234.
Las razones
“En tan solo dos años, 2014 y 2015, el Gobierno lanzó nuevamente a la exclusión a cerca de 300 mil habitantes que dejaron de atenderse en las casas de alimentación, aparte de los 8,3 millones de personas que desde el 2013 no se abastecen de alimentos en las redes Mercal, Pdval y Bicentenario”, detalla Visor 360°.
El economista Alexánder Guerrero explica que entre otras cosas, la merma se debe a dos aspectos, corrupción y desinversión en el aparato productivo: “Hace apenas 10 años, Venezuela se autoabastecía de rubros elementales como arroz, maíz, caña de azúcar, caraotas, café y no había necesidad de importar esos rubros, pero además de que ahora no se produce en los volúmenes requeridos, existen serias fallas en el proceso de importación, suministro, distribución y venta, donde no se está ejerciendo contraloría alguna, dejando pista libre al recrudecimiento de mecanismos de corrupción que coadyuvan a minimizar la eficiencia de estos programas de alimentación”.
Guerrero manifiesta que además de ser un tema de incapacidad del Estado de atender a toda la población en materia alimentaria, se suma un tema de exclusión política importante, que no solo desatiende a los beneficiarios directos de los subsidios, sino a otra buena parte de la población, a quien el Estado niega el alimento por no formar parte de sus cuadros políticos.
En lo tocante al tema de la segregación política como añadido a la crisis, el economista y docente Edison Morales a firma que “los dirigentes comunales y directivos de las redes de distribución de alimentos segrega políticamente, y por consiguiente del beneficio alimentario a quien no esté inscrito en el partido de Gobierno, no se haya sacado el carné de la patria, no pertenezca a una comuna o a cualquiera de las estructuras de movilización política creada por el Gobierno”.
“Los elementos de corrupción agrega disminuye la capacidad de atender a sus propios subsidiarios y la exclusión política deja por fuera a un alto número de venezolanos, que sumados sobrepasa las ocho millones de personas”.