Mauricio Claver-Carone es el titiritero del mayor desfalco de la historia de Venezuela

El tutelaje de Donald Trump tras la captura y extracción de Nicolás Maduro en el marco de la Operación Resolución del pasado 3 de enero, encontró en Delcy Rodríguez, hoy presidenta interina, y su círculo más cercano, una figura abierta para terminar de saquear los recursos de Venezuela tras 25 años de expoliación, persecución y destrucción de las libertades civiles por parte de los gestores del Socialismo del Siglo XXI.

Los elogios permanentes del líder republicano contra Rodríguez evidencian su rol en la materia. En la receta del mandatario estadounidense resalta un evidente interés por absorber las riquezas petroleras y los recursos mineros. Y no lo oculta, pese a que algunos sectores opositores se empeñen en mostrarlo como rescatista de la democracia, Trump es un vulgar saqueador.

Y seis meses después de la caída de Maduro busca una tajada inmensa, más allá de la ya aprovechada por exportaciones petroleras, con unos 13 mil millones de dólares a disposición sin rendir ningún tipo de cuenta. Allí jugó un rol protagónico, el inversionista petrolero de origen cubano Mauricio Claver-Carone, una especie de virrey no oficial de Washington en Venezuela, muy cercano a Marcos Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Rubio, un vicecónsul

Claver-Carone ha jugado a ser policía bueno y malo con el entorno de María Corina Machado y Delcy Rodríguez, con quien tomó partida tras impulsar la reestructuración de la deuda externa en el marco de la actual coyuntura y por un monto de 240.000 millones de dólares, según el “Financial Times”.

Con el látigo invisible de Rubio, llevó a los Rodríguez un mensaje contundente: la firma estadounidense Centerview Partners debía ser la asesora con uno de los roles de deuda más codiciados en décadas y sin un proceso competitivo formal. Esto, obviamente, genera dudas entre inversores y funcionarios sobre la falta de equidad y  transparencia.

Ahora aparece el procónsul de Venezuela Marco Rubio, ordenando a sus vasallos que tienen que contratar a una firma de Wall Street, amigos de él, una pandilla de sujetos de dudosa reputación, para reestructurar la deuda”,  advierte, Miguel Rodríguez Fandeo, el exministro que renegoció la deuda venezolana, con un 70 por ciento a favor del país entre 1989 y 1990, acompañado de Pedro Tinoco, y Carlos Hernández Delfino, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Rodríguez Fandeo es una de las voces más enfáticas sobre las irregularidades en lo que sería el mayor fraude de la historia de Venezuela y en la designación de Centerview Partners, firma que define como “un escritorucho de quinta categoría en Wall Street” y explicó que logró el contrato con los hermanos Rodríguez por la tutela. “Lo único es porque son amigotes de Trump, de Bill Clinton, de Barack Obama, de todos ellos, porque son igualitos. ¿Okay?”, recalca.

El expresidente del BCV asegura que la deuda de Venezuela es cero. En sus palabras, el país no puede tener deuda externa porque es un país superavitario. “Su cuenta corriente en la balanza de pagos, desde que se descubrió el petróleo en el país, tácitamente hasta la fecha de hoy, con excepción de los últimos años, porque Venezuela es un acreedor, no un deudor y a Venezuela le deben más de lo que aparece en esos bonos  basura que emitió la República a través de Pdvsa”, cuestiona.

Y señala que se trata de una deuda exclusivamente de la corrupción. “Esos bonos fueron comprados por miembros de esa administración que se encargó de Venezuela en 1999, hasta nuestros días, es decir los nuevos ricos o enchufados, los ricos tradicionales que se aprovecharon del mecanismo de Cadivi en conexión con el gobierno”.

Fichaje de Claver-Carone

Centerview es un actor relativamente nuevo en la reestructuración de deuda soberana que se ha expandido durante la última década reclutando talento de Lazard y otras firmas.

Como asesora de Venezuela, tendría, en el papel, la tarea de diseñar la estrategia financiera del gobierno y liderar las conversaciones sobre su supuesta deuda, con base en el default en que habría caído Venezuela bajo el mandato del expresidente Nicolás Maduro en 2017.

El rol del inversor petrolero estadounidense en la concreción de su fichaje es claro, según siete fuentes de Reuters.  “¿Cómo funciona un proceso abierto en Venezuela? ¿Qué otra cosa tiene una licitación abierta en este momento?”, dijo cuando se le preguntó sobre la falta de un proceso competitivo formal, añadiendo que el gobierno venezolano había hablado con otras firmas.

Queremos firmas estadounidenses que puedan trabajar con el gobierno de EE. UU., que hayan trabajado con el gobierno de EE. UU., y en las que se pueda confiar”.

Ejecutivos de Centerview se reunieron con funcionarios en Caracas ya en febrero y regresaron varias veces hasta mayo. El vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, intentó justificar la designación en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters asegurando que el gobierno interactuó con varias de las principales firmas de asesoría financiera en los últimos meses.

Liderado por el experimentado banquero Matthieu Pigasse, el equipo de Centerview incluye a Charles Albinet y Hamouda Chekir, aportando décadas de experiencia en reestructuraciones de deuda soberana, incluyendo el asesoramiento a naciones que van desde Argentina hasta la República del Congo y Grecia, esta última la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia.

Un blanqueo de esta magnitud (estimado entre 150.000 y 240.000 millones de dólares) eclipsaría los precedentes convencionales: la deuda según estos montos, equivaldría a 2,4 veces el PIB anual de Venezuela según estimaciones de 2026.

La pregunta que se hacen analistas sobre el rol de Trump en la designación es directa: ¿Busca pescar millones de dólares en ese universo opaco y sin transparencia para alimentar su saqueo particular? Todo apunta a que sí.

Doctrina de la deuda odiosa

Para María Alejandra Díaz, abogada y disidente del chavismo, hay formas constitucionales para evitar una trama de semejantes proporciones.

La abogada asegura que la discusión sobre la deuda venezolana no debería comenzar con la pregunta de cuánto se debe sino cuánto de esa deuda fue válidamente contraída. El verdadero debate sería jurídico, económico y constitucional.

Existe en el Derecho Internacional la doctrina de la deuda odiosa, según la cual una deuda puede ser impugnada cuando fue contraída por un gobierno sin representación efectiva, no benefició al pueblo y los acreedores conocían esas circunstancias. No es una regla automática, pero sí un argumento reconocido en procesos de reestructuración”, señala.

Díaz afirma que eso no significa desconocer toda la deuda sino auditarla. Determinar qué financió inversiones útiles para el país y qué pudo terminar alimentando corrupción, fuga de capitales o mecanismos incompatibles con el interés nacional.

También es indispensable revisar la ‘legitimidad constitucional’ de cualquier reestructuración. Comprometer el patrimonio de la República exige cumplir la Constitución y respetar los procedimientos de control sobre el endeudamiento público. Venezuela necesita una auditoría integral, jurídica, financiera y forense antes de negociar. Solo así podrá distinguir entre las obligaciones legítimas y aquellas que deban revisarse por su origen o por eventuales vicios de constitucionalidad”.

La pregunta, en sus palabras, no es solo cuánto debemos, sino qué parte de esa deuda pertenece realmente a la República y cuál benefició únicamente a quiénes ejercieron el poder.