Maduro propone “voltear como una media” gobernaciones y alcaldías en reforma constitucional

La reforma constitucional impulsada por el Presidente Nicolás Maduro es casi una realidad. La propuesta, que plantea cambios significativos en la estructura política, económica y social de Venezuela, fue presentada este sábado en el salón elíptico de la Asamblea Nacional por el jefe de Estado.

Durante su discurso, Maduro destacó la importancia de impulsar el “perfeccionamiento de la democracia participativa”, la construcción de una nueva sociedad, la implementación de un nuevo modelo económico y la actualización de la carta magna para “adaptarla a la realidad” de los venezolanos.

El mandatario refirió que aspira a “democratizar el Consejo Federal de Gobierno, perfeccionarlo”, y mencionó que, en este nuevo “sistema participativo y directo” habría cambios en las bases de las gobernaciones, alcaldías y poderes municipales.

Es un elemento fundamental democratizar y transformar de raíz las estructuras de las viejas gobernaciones, de las viejas alcaldías, de los viejos concejos municipales, de los viejos consejos legislativos, voltearlos como una media y establecerlos sobre nuevos parámetros de funcionamiento”, dijo el líder socialista.

Las palabras escogidas por Maduro, como tildar de “viejo” a los poderes regionales y municipales y la frase “voltearlos como una media” llamó la atención de analistas políticos en un contexto en el que los tres principales alcaldes de oposición del Zulia están encarcelados: Rafael Ramírez (Maracaibo), Nabil Maalouf (Cabimas) y Nervis Sarcos (Colón).

Incluso, dirigió esta propuesta a dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que aspiran a postularse como gobernadores y alcaldes en los venideros comicios del 27 de abril. “Así que muchos de ustedes, que tienen caras de candidatos, ¡bueno, ya saben!”, les dijo durante su alocución.

“No es un paso a la democracia”

Como punto central de la reforma constitucional está la posibilidad de incluir nuevos poderes públicos, esto, bajo el argumento de afianzar la “democracia”.

“Ya saben ustedes el empeño por construir un nuevo sistema democrático, de incorporar, como estamos incorporando en uno de esos artículos el concepto la distribución del poder clásico, poder nacional, porque el poder en Venezuela se distribuye en tres niveles: el poder nacional, poder regional, municipal”, explicó.

Continuó diciendo: “Y aspiro poder, con esta reforma, que incluyamos expresa, tácitamente y ampliamente el poder comunal, el poder territorial, el poder de la base, el poder popular, serían cuatro instancias de poder donde la base fundamental sería el poder social, comunal y popular”.

Pese a que hizo mención de “cuatro instancias de poder”, una nota detallada de su canal de difusión en Telegram, Prensa Presidencial, expone que serían tres poderes nuevos los que traería la reforma: el poder social, comunal y popular.

El exdiputado a la Asamblea Nacional, afiliado al centro de derecho constitucional de la universidad de Stanford, Juan Manuel Matheus, expresó a través de sus redes sociales su rechazo a la iniciativa para reformar la constitución.

El político mencionó que la nueva carta magna "no es más que una trampa mortal para perpetuarse en el poder”.

El abogado asegura que con esta decisión el gobierno venezolano solo busca "destruir lo que queda del Estado de derecho” y aseguró que hablar de una nueva constitución es traicionar la soberanía popular expresada el 28 de julio. “Maduro busca usar esta reforma para lavar su imagen y legitimar un nuevo pacto de poder autoritario”, apuntó.

No es un paso hacia la democracia, es un paso hacia un mandato totalitario sin retorno”, agregó.

Lapsos de ejecución

Tras presentar los principales vértices de la nueva Constitución, Maduro designó una Comisión Nacional que se encargaría de procesar esta propuesta, llevarla a debate en la Asamblea Nacional y a consultas en todo el país para entonces ser aprobada.

En esta comitiva designó un secretariado ejecutivo liderado por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y administrado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la primera dama, Cilia Flores, y el diputado a la AN, Hermann Escarrá.

De la misma forma, nombró a más de 15 colaboradores miembros de esta comisión, entre los cuales figuran el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislya Rodríguez, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, entre otras figuras oficialistas.

A este grupo Maduro les dio el lapso de 90 días para la revisión y discusión de la propuesta para su posterior consulta a los venezolanos.

Sobre esto, el politólogo y director de Polianalítica, Jesús Castillo Molleda, explica que “una vez que la Asamblea la revise podrían existir sugerencias y modificaciones”.

"Cuando ya se acuerde darle el visto bueno al documento de reforma, el mismo debe ser llevado a un Referéndum Consultivo. Y es el voto popular, como ocurrió en los años 1999, 2007, 2009, quien decide si la propuesta es aprobada o no”, señaló.

Asimismo, el consultor político, Osnel Gómez, detalló que el tiempo exacto que tomará completar la reforma dependerá de múltiples factores, incluyendo la capacidad del gobierno para gestionar el debate político y social.

La propuesta de reforma constitucional de Nicolás Maduro es, sin duda, un intento ambicioso de redefinir el futuro de Venezuela. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se manejen los desafíos políticos, sociales y económicos que enfrenta el país. En un contexto de polarización y crisis, la clave estará en construir consensos y garantizar la estabilidad social en el proceso”, sentenció Gómez.

Un debate que divide

En este contexto, el politólogo y consultor político, Osnel Gómez, asegura que la propuesta realizada por el presidente Maduro, busca, en teoría, descentralizar el poder y fortalecer la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, lo que podría democratizar aún más el sistema político venezolano, aunque advierte que esto podría resultar técnicamente inviable.

Gómez destaca que uno de los puntos fuertes de adaptar la constitución a las nuevas realidades del país podría sentar las bases a un modelo económico más estable y pragmático. Sin embargo, explica que esta iniciativa puede generar el rechazo de varios sectores de la población.

La reforma podría enfrentar una fuerte resistencia política y social, especialmente de aquellos sectores que tienen como principal objetivo mantener la postura acerca de lo ocurrido durante el 28 de julio, lo que podría generar un nuevo escenario de confrontación política y social en el país", detalló.

El experto señala que la principal crítica a la propuesta de una reforma es que no se haya ejecutado esta medida en el año 2017, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que, a su juicio, tenía la oportunidad de generar una nueva carta magna, pero no supo aprovechar ese momento.

"Bajo esa lógica, debemos preguntarnos: ¿Qué ha cambiado tanto desde 2017 hasta la fecha para que ahora sí estén dadas las condiciones para elaborar una nueva Constitución?”, mencionó.

Cumplimiento de la norma

En la misma línea, el politólogo y profesor universitario, Julio Urribarri asegura que más allá de las modificaciones que se pudieran realizar a través de una reforma, lo que realmente se debe tomar en cuenta es el cumplimiento de la norma establecida.

"La práctica es muy importante, tú puedes aprobar un texto constitucional, pero lo que realmente le va a dar el aval o lo que lo sostiene como paradigma es la práctica", mencionó.

Urribarri destacó que con esta medida impulsada por el gobierno nacional es posible que se implementen cambios para mantener el control sobre los demás poderes y la población a través de las leyes. El especialista considera innecesaria la aplicación de nuevas normas, pues a su juicio, el país ya cuenta con toda la legislación necesaria.

"El problema de Venezuela no son sus leyes, hay legislación suficiente para cumplirla, el problema es que cuando se hacen reformas de este tipo o cuando se promulgan leyes destinadas a establecer controles sobre las sociedades, esas leyes entran en desuso porque es difícil que se apliquen y entonces se presentan dificultades en la práctica porque la gente no las conoce”, agregó.