Madres de adolescentes detenidos por protestas en Venezuela: “Les están dando comidas con gusanos”

En balances de ONG, Venezuela reporta mil 905 presos políticos en la actualidad. Se trata de la cifra es la más alta de todo el continente americano, por encima de Cuba y Nicaragua, el primero, unos mil 100; unos 45 en el segundo. No obstante, lo más alarmante no es la cifra, sino las condiciones de cada uno de los presos políticos.

Se sabe que entre la cifra de detenidos hay más de 60 adolescentes, entre los que está el hijo de Mireya González, una mujer nativa del estado Lara que ahora sufre el proceso de ver a su hijo torturado en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, tras haber sido detenido el pasado 6 de agosto por protestar contra los resultados electorales.

En una entrevista con NTN24, Mireya relató que su hijo, que cumple casi dos meses detenido, pasó por dos cárceles antes de entrar a Tocuyito, en donde se le permitían visitas y la recepción de alimentos que le llevaba su progenitora. No obstante, el 25 de agosto pisó la cárcel que, según el presidente Maduro, está orientada a recibir a “terroristas”.

“De ahí (25 de agosto) no sabía nada de él hasta el miércoles de esta semana (2 de octubre) que me permitieron verlo, pero mi hijo está destrozado, en un estado de salud deplorable”, lamentó la madre.

Mireya aseguró que los jóvenes detenidos en protestas postelectorales están en desnutrición y con síntomas de depresión. “Mi niño no es el niño alegre ni el niño juguetón que se jugaba con mamá”, afirmó.

Entre lágrimas la progenitora citó las palabras de su hijo durante la primera visita que ella le hizo a Tocuyito. “Está comiendo comida con gusanos, les están dando agua de tanque contaminada. Me dijo mamita no aguanto más, mami perdóname porque sé que estás pasando por esto”, contó Mireya.

Mi hijo tiene una enfermedad que necesita tratamiento y necesito ayuda para que un médico fuera del penal pueda visitarlo y darme un informe para buscarle el tratamiento (…) Tiene sarna, todos los presos tienen sarna, están deprimidos, esos niños no quieren ni hablar”, confesó la madre.

Mireya cuenta que, aunque intentó llevarle comida y ropa a su hijo, no le fue permitido ingresar nada de los que llevaba. No se les permite siquiera tener sábanas para arroparse en la noche. La alimentación, por su parte, es una o dos veces por semana.

“La comida tiene gusanos, la mortadela está podrida. El agua contaminada, no les permiten pasar agua potable, no les permiten pasar sábanas, les dieron una colchoneta y muchos han rajado las colchonetas por el medio para meterse por el frío”, afirmó.

González, preocupada por la delgadez de su hijo, le pidió que lidiara con la comida en mal estado que les entregada para no descompensarse. “Yo con todo el dolor de mi alma le dije que echara a un lado los gusanos y se comiera aunque sea tres cucharaditas, que lo hiciera por mí, que yo lo estaba esperando afuera, que yo estoy pasando ese proceso con él, lo espero con los brazos abiertos afuera”, dijo la madre.

En su dolor como progenitora, Mireya pidió la libertad de todos los presos políticos, y sostuvo que dentro de Tocuyito “no hay violadores, no hay asesinos”, solo sus hijos, a quienes acusan de terrorismo. “Y los que asesinan tienen más derechos que nuestros hijos”, apuntó.

Condena de 10 años

El diario El Impulso reseñó esta semana que 11 adolescentes de Carabobo detenidos por las protestas postelectorales pasaron a juicio este jueves 3 de octubre y participaron en sus primeras audiencias telemáticas ante la jueza Keidimar Ramos Castillo, del tribunal segundo con competencia en terrorismo.

La Fiscalía pide 10 años de prisión para ellos por presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad. La jueza les habría ofrecido sólo seis años de pena si se declaraban culpables.

Según la ley venezolana, los arrestados deben presentarse ante un tribunal en un lapso no mayor a 10 días. En estos casos, transcurrieron 63 días, destacó El Impulso.

La historia se repite en distintos centros de reclusión. El diario ABC detalló la historia de otro adolescente de 17 años, a quien no identificaron por proteger su integridad física, pero que aseguran, los funcionarios encargados de su aprehensión habrían obligado a confesar falsamente que recibieron 30 dólares por protestar el 29 de julio.

“Mami, me duele todo, no me abraces. Me golpearon horrible y me sembraron”, dice un adolescente cuando su madre intentó abrazarlo al encontrarlo en el Palacio de Justicia de Valencia, Estado Carabobo, tres días después de las polémicas elecciones del 28 de julio.

Eran las 3 de la tarde del 31 de julio cuando la madre finalmente halló a su hijo en la audiencia de presentación del tribunal, tras haberlo buscado por las cárceles y hospitales de la zona porque no había regresado de comprar unos pañales para su bebé de siete meses.

De los 58 niños que continúan todavía detenidos durante las protestas que estallaron tras el 28 de julio, hay unos 11 que han sido enjuiciados en Valencia. En estos casos se agregó el uso indebido de uniformes e insignias militares.

De acuerdo a declaraciones de los padres de los menores, los agentes policiales obligaban a los adolescentes a que se vistieran con los uniformes y botas e insignias militares para luego acusarlos de conspiradores terroristas.

El caso es similar para las mil 767 personas detenidas desde las elecciones presidenciales en Venezuela. Buena parte de estos hombres mayores de edad, un porcentaje adolescentes y mujeres. También dirigentes de la oposición, un número grande de activistas regionales, responsables electorales y cuadros medios de los partidos opositores; dirigentes de la sociedad civil y 12 periodistas, por quienes sus familiares hoy exigen libertad.