La Constitución impide arriendo de campos petroleros a Trump por 100 años

En el artículo, Un siglo negro para Venezuela, difundido en sus redes sociales, Ignacio Montes de Oca, experto en temas geopolíticos, sostiene que plantear lo que sucede en Venezuela bajo el tutelaje de Donald Trump, como el guion de una nueva serie de Netflix, ya resultaría fantasioso, al referirse al intento de Donald Trump de apropiarse de al menos 17 campos petroleros durante 100 años.

“El país con las mayores reservas de petróleo del planeta podría entregar al país más poderoso del momento acceso durante un siglo a una parte de esas reservas, a cambio de condiciones que todavía nadie conoce por completo. Sin embargo, eso es lo que se negocia ahora mismo entre Washington y Caracas”, señala el periodista argentino.

De acuerdo con reportes de Axios, Bloomberg y Reuters, Trump negocia con el gobierno interino de Delcy Rodríguez un mecanismo que permitiría a empresas estadounidenses acceder a más de una docena de campos petroleros venezolanos actualmente en producción. Una de las fórmulas que se estudian es un arrendamiento de cien años.

“Para entender la dimensión hay que empezar por los números. Las negociaciones giran en torno a yacimientos con reservas probadas de unos 90.000 millones de barriles: cerca del 30% de los 300.000 millones de barriles que Venezuela tiene certificados. Son las mayores reservas probadas del planeta, por delante de Arabia Saudita, y equivalen a cerca del 20% de las reservas mundiales”, explica Montes de Oca.

Para el también escritor argentino, si el acuerdo llegara a concretarse en los términos que se discuten, el trato más que duplicaría las reservas petroleras probadas de Estados Unidos, con base en reportes de varias agencias que elevaron a 17 el número de campos incluidos en las conversaciones, aunque la lista definitiva todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca, el Departamento de Energía o PDVSA.

Limitaciones técnicas y jurídicas

El analista de conflictos internacionales resalta que el “premio” en el subsuelo es descomunal, pero recuerda que el problema para Washington es convertirlo en crudo exportable.

Montes de Oca subraya que aunque Venezuela posee una de las mayores concentraciones de riqueza energética del planeta, necesita una inversión gigantesca para transformar esa riqueza potencial en producción efectiva. Y ninguna empresa privada asumiría semejante desembolso sin garantías extraordinarias de estabilidad jurídica y política.

“Y ahí empieza el verdadero problema del llamado ‘Acuerdo del Siglo’, Washington no está negociando simplemente petróleo. Intenta construir un derecho de acceso que sobreviva a generaciones, a gobiernos, elecciones, cambios de política exterior y posibles disputas legales”, señala el experto, quien añade que para Trump resulta un problema la Constitución venezolana, pues el artículo 12 establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.

La doctrina jurídica venezolana, en palabras de Montes de Oca, ha interpretado históricamente esa norma como una protección de la propiedad estatal sobre los recursos. La legislación petrolera permitió concesiones, asociaciones y convenios de operación, pero bajo control y propiedad estatal. Además, enfatiza, los plazos de los mecanismos de explotación anteriores no alcanzaban una duración comparable con un arrendamiento de cien años.

“Por eso un contrato de un siglo plantea una cuestión que va mucho más allá de la duración de un contrato. Si el acuerdo otorgara a empresas estadounidenses derechos extraordinariamente amplios sobre campos venezolanos durante un siglo, cualquier futuro gobierno podría cuestionar si esos derechos respetan el régimen constitucional de propiedad de los recursos. Y ahí aparece la incongruencia central del acuerdo: Washington quiere garantizar el acceso al petróleo venezolano durante cien años cuando ni siquiera puede garantizar que el sistema político venezolano de hoy exista dentro de diez”, amplía.

Para el escritor y periodista argentino, blindar jurídicamente un acuerdo de semejante duración exigiría una arquitectura legal capaz de sobrevivir a una eventual transición política. Y si Washington impulsara una reforma constitucional para dar mayor cobertura al acuerdo petrolero, tendría que aceptar también el mecanismo democrático que podría desembocar en una elección presidencial capaz de desplazar a Rodríguez.

El problema, añade, es que el conflicto tampoco termina en Caracas, ya que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en su artículo 52 que un tratado es nulo cuando su celebración fue obtenida mediante amenaza o uso de la fuerza en violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

En Estados Unidos existe además otro frente, indica. Un grupo de doce congresistas demócratas, liderado por el representante Sean Casten, advirtió que cualquier acuerdo basado en la autoridad que reclama la administración Trump para controlar activos venezolanos podría ser invalidado por el Congreso, por una futura administración o por un futuro gobierno venezolano.

Los legisladores citaron las atribuciones constitucionales de guerra del Congreso, las obligaciones estadounidenses bajo la Carta de la ONU y los límites de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la IEEPA.

Debilidades de la posible negociación

Walter Molina, politólogo, recuerda de entrada que Delcy Rodríguez no fue electa presidenta de Venezuela y el Parlamento que acompaña este proceso tampoco nació de unas elecciones libres y competitivas. “Mucho menos existe hoy un sistema institucional independiente capaz de controlar, auditar y eventualmente revisar decisiones de esta magnitud. Por eso, cualquier acuerdo que pretenda comprometer campos petroleros venezolanos durante décadas –y con mayor razón durante un siglo– nace con un problema político y jurídico que no desaparece porque la contraparte sea Estados Unidos”, recalca.

En palabras de Molina, los venezolanos demócratas no pueden pasar de la opacidad de los acuerdos con países que no les gustan a la opacidad de acuerdos con países que sí.

Refresca que durante años se viene denunciando, correctamente, los contratos secretos, las concesiones discrecionales y los negocios celebrados por el chavismo con Cuba, Rusia, China, Irán y otros aliados, y por ello ahora mismo sería profundamente incoherente considerar aceptables prácticas semejantes simplemente porque ahora los beneficiarios pueden ser empresas estadounidenses.

“Más preocupante todavía es que alrededor de esta nueva arquitectura aparezcan personajes como Alejandro Betancourt. Cualquier modelo económico que aspire a reconstruir Venezuela debería comenzar precisamente por romper con la lógica de los empresarios que hicieron fortunas gracias a sus conexiones con el poder chavista y responsables de que los venezolanos estén sin electricidad, no por convertirlos en intermediarios privilegiados del nuevo orden”, argumenta.

El politólogo venezolano cree que, de ser cierto, este plan iría en contra de la transición. Incluso, advierte, podría producir incentivos contrarios a ella.

“Si el régimen de facto para mantenerse en el poder entrega la totalidad del país, la pregunta es qué incentivo material queda para acelerar una transición que necesariamente introduciría controles, contrapesos, deliberación parlamentaria y rendición de cuentas”, destaca.

Para Molina hacer grandes negocios es más sencillo cuando no existe Estado de derecho, pues una democracia obliga a discutir, aprobar, controlar y auditar.

“Un Parlamento legítimo puede resultar incómodo para quien busca velocidad. Pero precisamente esa ‘incomodidad’ es la diferencia entre una transacción y una República”, enfatiza.

El pago por tantos elogios

Hever Castro, analista de temas políticos y económicos, considera que los Rodríguez actúan para preservar el poder sin importar la soberanía de Venezuela.

“Esto no es una inversión solidaria. Es participación de dueño. Esos campos los controlaban antes testaferros chavistas, algunos indiciados, e intereses chinos. Ahora los quiere Washington. A cambio, el régimen venderá la idea de que empresas extranjeras van a desarrollarlos y devolver más ingresos al país. Pero la verdad es que Delcy Rodríguez entrega recursos petroleros para no soltar el poder. Trump quiere energía. Ella quiere quedarse en Miraflores. El mismo aparato que quebró PDVSA ahora firma la cesión”, explica.

Castro recuerda que en enero Delcy Rodríguez gritaba que Venezuela no sería colonia de nadie y hoy está negociando yacimientos.

“Eso no es soberanía. Es traición a la patria. ¿Ahora se entiende tanto elogio de Trump? Así cualquiera”.