Los Cisneros acusan al Gobierno interino de confiscar su petrolera

Desde la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores la madrugada del pasado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump, se ha empeñado en vender a Venezuela como un paraíso para los grandes inversionistas petroleros, impulsado por el entreguismo de los hermanos Rodríguez y su entorno, su descomunal ego y el evidente afán por aprovechar al máximo los recursos que en materia de hidrocarburos produce nuestra nación.

Sin embargo, el mandatario, terco y sordo en relación con las alarmas encendidas sobre el tema, se ha tropezado una y otra vez con una gigantesca piedra: quienes sucedieron al heredero político de Chávez en Miraflores arengaron, promocionaron y levantaron un velo de inseguridad jurídica que impide a las compañías y multinacionales más emblemáticas del sector a apostar por la Venezuela tutelada.

Trump ha sido torpe y a medida que pasa el tiempo incurre en acciones erráticas que espantan aún más a quienes pueden dar un salto de crecimiento realmente poderoso en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La incorporación de Alejandro Betancourt, primo de Leopoldo López, en su engranaje para captar pequeños y medianos inversionistas es una mancha que causa rechazo en empresas serias.

El “bolichico”, con una trayectoria marcada por investigaciones en Europa, Estados Unidos y Venezuela relacionadas con acusaciones de corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal, se habría convertido, impulsado por los Rodríguez, en una figura clave para el tutelaje en procura de terminar de lograr acuerdos petroleros en favor de compañías estadounidenses y ampliar la influencia de Estados Unidos sobre el sector energético venezolano.

Betancourt, quien controla una de las principales productoras privadas de crudo de Venezuela, colaboraría, según Bloomberg, en la identificación de activos con potencial, el análisis de dificultades operativas y la creación de contactos dentro de la industria.

¿Lo peor? Los grandes acuerdos petroleros continúan sin concretarse. La desconfianza ante la falta de una real reconfiguración política en Venezuela y las restricciones de las sanciones aún dificultan las operaciones, cuyas ganancias, hasta la fecha, se mantienen bajo una absoluta opacidad.

El más reciente episodio

Más allá de la realidad de fondo, la más reciente denuncia pública, realizada por los herederos del fallecido magnate latinoamericano Oswaldo Cisneros, enturbia aún más la escena, tras acusar al gobierno interino venezolano de confiscar injustamente los derechos de perforación petrolera que tenían con DP Delta Finance BV, y de adjudicárselos a una empresa estadounidense.

De acuerdo con esta versión, se le “despojó” de sus activos y del control operativo mediante un proceso de “sanciones arbitrarias”, según afirmó en un comunicado la empresa dirigida por la viuda y los herederos de Cisneros. DP estima que se le adeudan US$2.000 millones.

Los activos, que incluyen una participación en los derechos de perforación en la región del Cinturón del Orinoco, rica en petróleo, fueron revocados por el gobierno a principios de este año, según informó Bloomberg el mes pasado. Desde entonces, el gobierno ha procedido a transferir los activos a Pacific Coast Energy Co.

El Ministerio de Petróleo de Venezuela, conocido oficialmente como Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos, “inició la revocación y es responsable de la confiscación”, escribió Juan Domingo Alfonso Paridisi, asesor jurídico de DP, en un comunicado aparte.

La reclamación por la incautación se produce en un momento en el que Delcy Rodríguez, se encuentra bajo presión por parte de la administración Trump para que abra el sector energético del país a más empresas estadounidenses.

La participación de DP en la empresa conjunta Petrodelta, junto con Petróleos de Venezuela S.A., le otorgaba derechos de perforación y explotación hasta el año 2042, según el comunicado con fecha del 15 de agosto.

El gobierno revocó dichos derechos tras determinar que la empresa conjunta no había cumplido con los planes de inversión y producción, según dos personas con conocimiento de la situación y documentos a los que ha tenido acceso Bloomberg. DP también señaló que la empresa conjunta produjo 12 millones de barriles de crudo por valor de US$700 millones, al tiempo que prestó servicios por valor de US$100 millones “sin recibir ningún pago” hasta marzo.

Algunos sectores cuestionan a los Cisneros por alimentar los negocios del régimen y consideran lo ocurrido como parte del recuento de daños que deben asumir.

Inversiones tímidas: ¿Y cómo no?

Venezuela cuenta con la mayor reserva de petróleo probada en el mundo (303.000 millones de barriles de petróleo) y en la década de los 60 fue el segundo mayor productor de crudo a nivel global, ahora se ubica en el octavo lugar de producción.

La producción petrolera de Venezuela se elevó 6,10% en los primeros siete meses del año, según fuentes primarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Pasando de 1.131.000 barriles por día (bdp) en diciembre 2025 a 1.200.000 bdp en julio 2026. Eso representa un alza de 69.000 bdp. El crecimiento ha sido “modesto” para las expectativas que había a inicio de año, según explican economistas.

Los datos que el gobierno de Venezuela reporta a la OPEP, se traduce a que los planes norteamericanos para recuperar la industria petrolera venezolana no se han concretado, a pesar de que en enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con decenas de ejecutivos de petroleras del mundo, instándolos a invertir $100.000 millones en el país. Pero el capital no ha ingresado.

Ni la Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos, aprobada el 29 de enero por la Asamblea Nacional 2025, para incentivar a compañías internacionales a que retornen a Venezuela e incrementen sus inversiones en la producción de crudo, ni la ampliación de las licencias de la Oficina de Control de Activos (OFAC), de Estados Unidos, que han flexibilizado las sanciones, han podido atraer un aluvión de financiamiento. Expertos alegan que es porque Venezuela es vista como un país inseguro para invertir.

“Al revisar la balanza de pagos del primer trimestre, no se registró entrada de inversión extranjera directa en el área petrolera. Por ejemplo, Chevron, que es la empresa con más tiempo operando en el país (103 años), ha dejado claro que no está inyectando nuevo capital, sino ejecutando un esquema para recuperar la deuda pendiente. El gran obstáculo sigue siendo la institucionalidad; es decir, las reglas de juego claras a corto, mediano y largo plazo”, expresó el economista Hermes Pérez y excoordinador del Grupo de Petróleo del Banco Central de Venezuela (BCV).

Falta de institucionalidad

El Banco Mundial, define la institucionalidad como el conjunto de reglas claras en un país donde se respete el imperio de la ley, donde el Gobierno sea eficiente, controle la corrupción y cumpla con la rendición de cuentas transparentes.

Desde 2009, en Venezuela no hay cifras oficiales detalladas sobre la ejecución de las finanzas públicas. No sabemos con precisión cuánto se destina a salud, educación, infraestructura o nómina pública. Sin rendición de cuentas ni un marco legal independiente que genere confianza, las inversiones petroleras de gran envergadura siguen frenadas por la incertidumbre”, sentenció Pérez.

El economista petrolero Rafael Quiroz precisó que las compañías que este año han firmado contratos con Venezuela, lo han hecho más con fines exploratorios que con una verdadera intención de producir.

La llegada de empresas transnacionales que se esperaban para invertir, no ha cumplido con las expectativas. Han llegado pocas compañías y lo han hecho en una actitud exploratoria: vienen a evaluar la situación in situ, entrevistarse con expertos petroleros y tantear el campo de inversión. Las que se han quedado son muy pocas, y no han realizado inversiones significativas. Por lo tanto, el aumento de la producción petrolera ha sido limitado”, argumentó.

Han llegado más empresas de servicios que de producción. “Son compañías que se dedican al mantenimiento de pozos, plataformas y taladros y prestan servicios a petroleras que están extrayendo crudo”, especificó Quiroz.