La sombra de Pinochet aplasta a Maduro en su prisión de NY
Nuevos cargos por tortura contra estadounidenses acorralan al dictador venezolano. Datos ofrecidos por David Alandete, periodista, la Fiscalía atribuye al sistema dirigido por el heredero político de Chávez, secuestros, descargas eléctricas en genitales, simulaciones de ahogamiento, palizas, privación de sueño, amenazas contra hijos y familiares y otras prácticas. Mariano de Alba, abogado, experto en derecho internacional, los cargos tendrían el efecto de debilitar el argumento de la defensa de Maduro sobre su inmunidad porque —como se reconoció en el juicio al dictador chileno— no se puede invocar la inmunidad si se es acusado por tortura, porque la tortura suele ser un acto oficial.
La segunda imputación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores incorpora un elemento que puede complicar todavía más la estrategia de defensa del dictador venezolano ante la justicia estadounidense: las acusaciones de tortura contra estadounidenses y su eventual impacto sobre el argumento de inmunidad.
Según las claves entregadas por David Alandete, periodista de ABC en la Casa Blanca, la Fiscalía sostiene que Maduro y Flores abusaron durante más de 25 años de sus cargos públicos para enriquecerse y mantenerse en el poder mediante corrupción, narcotráfico y graves violaciones de derechos humanos.
El escrito incorpora expresamente al denominado “Cártel de los Soles”. La acusación afirma que Maduro, Flores y otros integrantes de su círculo formaban parte de esa estructura y traficaban drogas bajo la protección del Ejército, la judicatura y las fuerzas de seguridad venezolanas.
¿Padrino, Cabello y Gramko?
El señalamiento no se limita a Maduro y Flores. La Fiscalía menciona a “otros altos cargos”, integrantes del círculo presidencial y co-conspiradores “conocidos y desconocidos”.
Tres figuras aparecen bajo los códigos CC-1, CC-2 y CC-3.
A estos se les atribuyen, según Alandete, vínculos con narcotráfico, represión y torturas. CC-1 aparece relacionado con narcotráfico, las FARC y órdenes dentro de organismos venezolanos; CC-2 estaría asociado directamente con torturas y represión; y CC-3, identificado como un alto funcionario de la DGCIM, aparece implicado tanto en narcotráfico como en torturas.
En redes sociales, y el propio Alandete, especula que serían Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y Alexander Gramko.
La acusación sostiene además que la organización trabajó con las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, Los Zetas, Norte del Valle y el Tren de Aragua. También describe el uso de aviones militares, vehículos y otras estructuras del Estado para transportar cocaína.
¿Torturador?
Pero uno de los aspectos más graves de la imputación son las acusaciones de tortura.
La Fiscalía atribuye al sistema dirigido por Maduro secuestros, descargas eléctricas en genitales, simulaciones de ahogamiento, palizas, privación de sueño, amenazas contra hijos y familiares y otras prácticas.
Sostiene además que Maduro recibía información sobre interrogatorios y que, en determinados episodios, daba instrucciones sobre el trato a detenidos.
Para Alandete, otro elemento relevante es que la acusación llega hasta 2025. No se trata únicamente de una reconstrucción histórica del chavismo. El documento afirma que la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico continuó “up to and including in or about 2025”. Entre los cargos figuran conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, importación de cocaína y delitos de armas.
Como el dictador chileno…
La incorporación de la tortura puede tener, además, una consecuencia jurídica decisiva para la defensa. Mariano de Alba, abogado venezolano y experto en derecho internacional y diplomacia, sostiene que “los posibles nuevos cargos tendrían el efecto de debilitar el argumento de la defensa de Maduro sobre su inmunidad”.
De Alba apunta a un precedente histórico. “Como se reconoció en el juicio a Pinochet, no se puede invocar la inmunidad (funcional) si uno es acusado por tortura porque la tortura usualmente es un acto oficial”, recuerda.
La referencia al caso del dictador chileno Augusto Pinochet adquiere así especial relevancia.
La discusión sobre inmunidad frente a acusaciones de tortura fue uno de los puntos centrales del proceso que permitió avanzar contra el argumento de que los actos cometidos desde el aparato estatal quedaban protegidos por la condición de jefe de Estado.
El experto agrega un segundo elemento: “La ley federal estadounidense permite juzgar a una persona por torturas cometidas fuera de ese país, si el acusado se encuentra en EEUU”.
Con ello, la nueva imputación introduce una dimensión distinta en el caso Maduro. Las acusaciones ya no se circunscriben al narcotráfico, la corrupción o la permanencia en el poder. La tortura aparece descrita como una práctica vinculada al funcionamiento del aparato estatal y, al mismo tiempo, como un cargo capaz de poner en cuestión la inmunidad que pueda alegar el acusado.
La sombra de Pinochet, más de dos décadas después de aquel proceso, vuelve así a proyectarse sobre un gobernante acusado de utilizar el poder estatal para cometer graves violaciones de derechos humanos. En el caso de Maduro, la batalla judicial en Estados Unidos suma ahora ese precedente a una acusación que, según la Fiscalía, se extendió hasta 2025.