La resistencia de Delcy Rodríguez a liberar presos políticos irrita a Washington
La libertad de 321 presos políticos en Venezuela, tanto civiles como militares, se ha transformado en un tema candente en las relaciones entre Washington y Caracas. La negativa del régimen de Delcy Rodríguez a liberar a estos detenidos está comenzando a molestar a la administración de Donald Trump, que ve en este asunto un obstáculo para avanzar en el diálogo.
Desde el inicio de las conversaciones entre el chavismo y la oposición, la excarcelación de los presos políticos se ha convertido en una de las demandas más apremiantes. Sin embargo, Rodríguez y el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, han respondido con lentitud a las solicitudes de liberación, a pesar de las exhortaciones de Washington en el contexto de la búsqueda de un nuevo proceso electoral tras la captura de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado, Marco Rubio, instó a su contraparte venezolana, Oliver Blanco, a continuar con las liberaciones iniciadas en febrero, pero hasta la fecha solo se han reportado uno o dos casos. “Hay resistencias que empiezan a molestar bastante en Washington”, sostiene el periodista David Alandete, corresponsal del diario español ABC, quien señala que Trump había prometido la liberación de todos los presos, lo que complica aún más la situación.
Según el último informe de la ONG Foro Penal, de los 321 presos políticos, 181 son civiles y 140 militares, muchos de los cuales enfrentan procesos judiciales que exceden los plazos establecidos por el Código Orgánico Procesal Penal. Durante la semana del reporte, solo se dieron a conocer dos liberaciones, y estas no garantizan plena libertad, ya que muchos siguen bajo medidas cautelares.
El caso del abogado Perkins Rocha, del equipo jurídico de la líder opositora María Corina Machado, es emblemático: aunque fue excarcelado en febrero, permanece con severas restricciones y un grillete electrónico en su hogar. Las condiciones de los presos políticos son tales que muchos de los liberados son nuevamente víctimas de detenciones arbitrarias.
La negativa del régimen a ceder en las liberaciones se debe, según Alandete, a divisiones internas entre los altos mandos militares y la utilización del tema como un instrumento de presión. “Jorge Rodríguez está ganando tiempo”, afirma, mientras que el ministro de Defensa, Gustavo González López, es quien realmente impide las excarcelaciones, aduciendo que muchos de los detenidos no tienen sentencia.
La situación de los presos militares es particularmente delicada. Más de 30 de ellos han iniciado una huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, en protesta por el trato inhumano y la falta de celeridad en sus juicios. A pesar de esto, las autoridades no han respondido a sus demandas. Alandete resalta la arbitrariedad del sistema judicial, ilustrando cómo algunos militares han visto reducidas sus penas, mientras otros siguen cumpliendo condenas máximas.
El régimen justifica su negativa a liberar a los presos políticos ante Washington, argumentando que deben tener sentencias para evitar la percepción de arbitrariedad. Sin embargo, esto no convence a la administración estadounidense, que insiste en que la liberación de estos detenidos es crucial para avanzar en el proceso de estabilización política en Venezuela.
La liberación de los presos políticos no es solo una cuestión de derechos humanos, sino que también se ha convertido en un elemento esencial de la estrategia diplomática de Estados Unidos. El abogado Miguel Ángel Martín subraya que la libertad de estos detenidos es vista como un cambio en la conducta del régimen y un paso necesario hacia una convivencia democrática.
A pesar de las liberaciones paulatinas y la entrada de venezolanos perseguidos al país, el régimen de Rodríguez sigue mostrando resistencia a cumplir con sus compromisos. “La libertad de los presos políticos no es una concesión, sino una obligación de Estado”, concluye Martín, mientras la presión sobre el gobierno venezolano continúa creciendo.
En un contexto donde los presos políticos se utilizan como fichas de intercambio, la situación se complica aún más, y el costo político de mantenerlos encarcelados se vuelve insostenible tanto a nivel interno como internacional. Sin embargo, el régimen parece dispuesto a pagar ese precio por el control que representa.
