La impunidad del 11 de abril de 2002 se enfrenta a la Cidh
Representantes de las víctimas del 11 de abril de 2002 presentan argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de justicia y la impunidad en Venezuela son temas centrales en la audiencia
La historia de la impunidad en Venezuela se expone nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, representantes de las víctimas de los sucesos del 11 de abril de 2002, llevaron su lucha por justicia a este organismo internacional, donde denunciaron la falta de investigación y el silencio que ha imperado durante casi 25 años.
Romero, director del Foro Penal, no escatimó en palabras al afirmar: "No ha habido investigación en Venezuela en relación con estos hechos". La impunidad, subrayó, persiste y "se mantiene en este momento". Por primera vez, las víctimas tienen la oportunidad de relatar su experiencia ante la CIDH, un paso crucial en su búsqueda de justicia.
El 11 de abril, según Romero, no fue un evento aislado. "Marcó el comienzo de una estrategia de represión política para controlar el poder político", advirtió, señalando que se trató de una "estrategia estructurada" que ya se anticipaba como un camino hacia crímenes de lesa humanidad. Las evidencias, dijo, provienen de una reunión clave celebrada el 7 de abril de 2002, donde se planificaron acciones contra los manifestantes.
Gonzalo Himiob amplió el panorama: "Los hechos violentos del 11 de abril no fueron espontáneos". La estrategia del gobierno incluía el uso de los círculos bolivarianos de manera activa y agresiva contra quienes se manifestaban. Este uso de la fuerza, subrayó, fue decidido por altos funcionarios del gobierno en una reunión previa a los acontecimientos.
Las palabras del entonces presidente Hugo Chávez también fueron citadas para reforzar el argumento de una crisis provocada. "Reconoció haber provocado esa crisis, afirmando que había sido necesaria", enfatizó Himiob, un testimonio que resuena con la responsabilidad del poder Ejecutivo en esos actos de violencia.
Sin embargo, la CIDH se enfrenta a un Estado que, según los directivos del Foro Penal, ha presentado un panorama desolador: de las 79 investigaciones anunciadas, 67 (84%) no avanzaron en las etapas procesales necesarias para determinar responsabilidades, y en 78 casos no se identificó ni sancionó a ningún culpable.
La jueza Patricia Pérez Goldberg indicó que los representantes de las víctimas tienen hasta el 13 de noviembre de 2026 para presentar alegatos y observaciones sobre el caso "Trujillo y otros Vs. Venezuela". La CIDH también permitirá incluir a víctimas excluidas en el primer expediente, un proceso que no admite prórrogas.
El caso, que revisa la CIDH 25 años después de los hechos del 11 de abril, se enmarca en un contexto de renovación de mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que pone de relieve la urgencia de la justicia en el país.
La audiencia pública del caso "Trujillo y otros Vs. Venezuela" se llevará a cabo el 14 de octubre en Costa Rica, donde Romero y Himiob expondrán la denuncia sobre el uso de fuerza letal contra manifestantes, que resultó en siete asesinatos y cinco heridos.