La administración Trump evalúa eliminar el derecho de migrantes a impugnar su detención
La medida buscaría acelerar expulsiones y sortear fallos judiciales que exigen el respeto al debido proceso. Varios jueces frenaron estas políticas, alegando la necesidad de garantizar el debido proceso a los migrantes afectados. El "habeas corpus" es una garantía jurídica que exige que una persona detenida comparezca ante un juez para determinar si su arresto es legal
En medio de una intensificación de su política antimigratoria, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump considera seriamente la posibilidad de restringir el derecho de los migrantes a recurrir judicialmente su detención, según reveló este viernes un alto funcionario de la Casa Blanca.
Trump, quien sostiene que Estados Unidos enfrenta una "invasión", prometió la expulsión masiva de migrantes en situación irregular, a quienes califica de "criminales" por ingresar al país sin autorización legal.
Desde su regreso al poder en enero, la administración impulsó medidas como las expulsiones aceleradas, que enfrentan resistencia en diversas instancias judiciales.
Varios jueces frenaron estas políticas, alegando la necesidad de garantizar el debido proceso a los migrantes afectados.
Frente a estos obstáculos legales, la Casa Blanca analiza nuevas estrategias para sortear las limitaciones impuestas por los tribunales y continuar con su agenda migratoria.
De acuerdo con la agencia de noticias AFP, "la Constitución es clara, y esa, por supuesto, es la ley suprema del país, al establecer que el privilegio del recurso de habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión", declaró a periodistas el subdirector de gabinete de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller.
Así que es una opción que estamos contemplando seriamente". Depende en gran medida de si los tribunales hacen lo correcto o no", dijo.
El "habeas corpus" es una garantía jurídica que exige que una persona detenida comparezca ante un juez para determinar si su arresto es legal.
Suspender el pricipio legal podría permitir al gobierno prescindir de los procedimientos de expulsión individuales y acelerar las deportaciones, pero es casi seguro que la medida acabaría en los juzgados y probablemente ante la Corte Suprema.
En Estados Unidos se suspendió en contadas ocasiones, como durante la Guerra Civil de 1861-1865 y tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941.
El presidente republicano invocó en marzo la ley de enemigos extranjeros de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra, para enviar a presuntos pandilleros venezolanos de la banda Tren de Aragua a una megaprisión en El Salvador.
Un juez federal de Texas consideró "ilegal" el uso que el presidente Trump hace de esta ley del siglo XVIII.
La Corte Suprema y varios tribunales federales paralizaron temporalmente las expulsiones en virtud de esta norma, alegando que los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar legalmente su expulsión ante las cortes.