Katherine Haringhton, Luis Emilio Rondón y Aimé Nogal entre postulados al TSJ en Venezuela
El Parlamento informó la postulación de 561 aspirantes al TSJ, entre ellos Katherine Haringhton, Luis Emilio Rondón y Aimé Nogal. El proceso de selección avanza tras la reforma judicial que amplía la estructura del Tribunal Supremo de Justicia. Las autoridades detallaron que también se postularon candidatos para cargos en la Inspectoría de Tribunales y la Escuela de Magistratura
El Parlamento de Venezuela informó este viernes la postulación de 561 personas para optar a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco del proceso de renovación del máximo tribunal del país tras una reforma de la ley que amplía su estructura a 32 jueces.
Entre los aspirantes figuran la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos en 2015; la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aimé Nogal; y el exrector electoral Luis Emilio Rondón González, según la lista difundida por el Comité de Postulaciones Judiciales a través de Telegram.
El proceso también contempla otras designaciones: 63 personas se postularon para el cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 aspirantes optaron por la dirección de la Escuela Nacional de Magistratura.
El llamado a postulaciones fue realizado por la Asamblea Nacional el pasado 22 de mayo, dirigido a juristas venezolanos interesados en formar parte del sistema judicial, así como en cargos de control e institucionalidad judicial.
De acuerdo con la reforma aprobada el 12 de mayo, el TSJ pasará a tener una nueva distribución interna, con una Sala Constitucional integrada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estará conformado por cinco jueces cada una.
Hasta ahora, la Sala Constitucional contaba con cinco magistrados, mientras que las demás salas estaban integradas por tres miembros.
El proceso de reestructuración judicial se enmarca en la agenda de reforma del sistema de justicia impulsada por el Gobierno, que incluye iniciativas para abordar el retardo procesal, la corrupción y otros problemas estructurales del sistema.
En ese contexto, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha señalado que una de las principales prioridades es la transformación del sistema penal, tras identificar fallas relacionadas con el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza.