Irregularidades en el Caso Paramacay desatan reclamos de justicia en Carabobo

Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, ha encendido las alarmas sobre las irregularidades procesales que han marcado el Caso Paramacay. Este viernes, Betancourt solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se aboque al caso, evidenciando un entramado judicial que pone en jaque el debido proceso.

El 26 de agosto, se realizó una audiencia en la Sala 1 de Apelaciones del Palacio de Justicia de Valencia, bajo la presidencia de Alejandro Chirimelli, quien anunció un plazo de 10 días para emitir una decisión. Sin embargo, al cumplirse el lapso, la jueza Scarlet Desireé Mérida García solicitó un reposo médico, dejando a la Corte de Apelaciones sin quórum para proceder.

Betancourt, abogado defensor de 10 de los 23 sentenciados a 30 años de cárcel por este caso, destacó que lo adecuado habría sido designar un juez suplente. Sin embargo, Carlos Alberto Bonilla, presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, se negó a juramentar uno. Además, se sustrajo el expediente físico del caso, creando un “retardo procesal innecesario”.

Esta semana, parte de la defensa logró acceder al expediente y descubrió que el recurso de nulidad había sido reasignado a la Sala 2 de Apelaciones, bajo la responsabilidad del propio Bonilla. “Esto definitivamente es inconstitucional e ilegal. La manipulación de la justicia en el estado Carabobo es un reflejo de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela”, protestó Betancourt.

El 6 de octubre, familiares de los presos y activistas por los derechos humanos se manifestaron en las afueras del Palacio de Justicia, entregando un documento que denuncia las irregularidades que afectan la libertad, salud y el debido proceso de los implicados.

Betancourt también mencionó que han presentado reclamos a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Inspectoría General de Tribunales, sin recibir respuesta. “Cuando preguntamos sobre la retención del expediente, nos informaron que era una acción administrativa, solo para enterarnos después de que se debía a la reasignación del caso”, señaló.

Ahora, las 23 personas implicadas, incluyendo al capitán Juan Carlos Caguaripano, deberán esperar una nueva audiencia de apelaciones o que el TSJ intervenga en la situación, dejando en el aire la posibilidad de justicia.