Investigación de la CPI habría obligado al oficialismo a reducir número de magistrados del TSJ

La Asamblea Nacional de 2020 de mayoría oficialista llevará a cabo este jueves 30 de diciembre una sesión extraordinaria para iniciar la discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de disminuir el número de magistrados que integran las diferentes salas del organismo.

Aunque no se informaron los detalles de la modificación a la normativa legal, para varios analistas consultados, esta reforma no implica un cambio significativo sobre el organismo para que retome su independencia y autonomía. No obstante, consideran que muy posiblemente se trate de algún punto de negociación con representantes de los partidos de oposición con miras a un nuevo ciclo de reuniones en México.

Sostienen, además, que el inicio de su discusión ya implica una violación a los procedimientos, puesto que no se llevó a cabo la consulta pública sobre los lineamientos de esa reforma legal.

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó que la Constitución venezolana se limita a señalar cuáles son las salas que constituyen el TSJ, pero no establece el número de magistrados que la conforman. Esto ha quedado al criterio del legislador y por ello es que han ocurrido los cambios en el número de integrantes. En consecuencia, dijo, no habría que modificar la carta magna para ello y basta solo con reformar la ley del máximo tribunal.

Recalcó, sin embargo, que con este instrumento jurídico ocurre lo mismo que con las anteriores leyes que han sido modificadas por esta AN, es decir, no ha sido consultada por los diferentes actores de la sociedad civil.

"Ya, a partir de este punto, observamos un vicio de procedimiento. La AN está convocando a sesiones para la reforma de la ley, pero sin la consulta debida a universidades, colegio de abogados y sociedad civil, ya es una violación a los procedimientos, pues la Constitución exige que las leyes se aprueben luego de una discusión pública sobre su contenido", afirmó.

Daniels espera que en la sesión convocada para este 30 de diciembre, no implique su aprobación inmediata. "Habrá que esperar cuál será el cronograma de discusión de la ley, para ver si se cumplen con los procedimientos respectivos".

El TSJ cuenta actualmente con 32 magistrados entre principales y suplentes, de los cuales la Sala Constitucional está conformada por siete jueces y las salas Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación Penal y Casación Social por cinco cada una.

El número de magistrados del TSJ ha sido sujeto de manipulaciones por los factores de poder en el país, basado más en una razón política que en un motivo de mejora de la administración de justicia. Vale recordar cuando, en 2004, el entonces presidente Hugo Chávez impulsó la ampliación de la composición del organismo de 20 a 32 miembros. Mientras que en 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora planteó aumentar la cantidad de magistrados para equilibrar fuerzas del máximo tribunal, pero al final se desechó la propuesta.

El exparlamentario Nelson Chitty La Roche, abogado conocedor del derecho constitucional y docente en la Escuela de Estudios Políticos de la UCV, coincide en que la reducción del número de magistrados puede hacerse perfectamente con la modificación de la Ley Orgánica del TSJ y «de acuerdo al título 5 de la Constitución y en particular el capítulo primero, así como el 203 de la carta magna, donde se establecen los términos en los cuales puede legislar la Asamblea Nacional con el carácter de orgánico, vale decir, una ley orgánica y su reforma».

A su juicio, modificar el número de magistrados «no cambia al mundo y probablemente vaya en la dirección correcta de disminuir el tamaño del Estado y específicamente del Poder Judicial, pero no observamos un elemento trascendental o significativo y mucho menos positivo».

Afirmó Chitty La Roche que el incremento en el número de magistrados del TSJ resultó ser una maniobra política-institucional, que emprendió Hugo Chávez con el objetivo de mantener bajo su control la administración de justicia en el TSJ, al colocar a personas que le eran consecuentes y leales.

"Esta nueva reforma lo que nos dice es que estamos en presencia de otro giro institucional que, sin embargo, no cambia nada. Lo que se viene haciendo con la designación de los magistrados es donde radica la vulneración de la Constitución y donde radica el sesgo pernicioso del control sobre la justicia", apuntó el jurista.