Insight Crime: Recuento de violaciones a los derechos humanos en la Operación Trueno

Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas cometieron diferentes abusos contra la población de la parroquia de Altagracia de Orituco en el marco de la denominada “Operación Trueno”, que tenía como objetivo declarado dar con los miembros y colaboradores de la organización criminal el Tren del Llano.

Un informe de Insight Crime revela que la noche del 20 de abril de 2022, alrededor de 800 efectivos de seguridad se asentaron en Altagracia de Orituco, en el municipio José Tadeo Monagas del estado Guárico, al norte del país. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) denominó al despliegue “Operación Trueno”.

La Operación derivó en allanamientos sin autorización judicial, desapariciones forzadas, y detenciones arbitrarias acompañadas de torturas, violencia sexual y tratos crueles. Muchos de los detenidos —que en realidad no pertenecían al Tren del Llano— enfrentaron procesos judiciales viciados, con arrestos justificados por informes y pruebas falsas. Otros tuvieron que pagar sobornos a las fuerzas de seguridad para recibir servicios básicos en las cárceles donde fueron recluidos.

Aunque algunas de las víctimas fueron liberadas a los pocos días, hoy, dos años después, la mayoría permanecen encarceladas en condiciones inhumanas, privadas de alimentación y atención médica.

La Operación Trueno se desarrolló en cinco regiones de Venezuela: Guárico, Anzoátegui, Aragua, Miranda y Yaracuy. Sin embargo, la investigación de Defiende Venezuela se concentró en los hechos ocurridos en Guárico, específicamente en Altagracia de Orituco.

Entre mayo y junio de 2022, y entre febrero y marzo de 2023, Defiende Venezuela entrevistó a 69 víctimas (directas e indirectas), de un total de 34 núcleos familiares afectados por los operativos en Altagracia de Orituco. También se llevó a cabo entrevistas con periodistas, gremios de productores agropecuarios y comerciantes.

De igual forma, Defiende Venezuela, examinó información proveniente de las víctimas, como fotos, videos y grabaciones de los múltiples abusos cometidos contra la población de Altagracia de Orituco. Toda esta información fue entregada a las autoridades locales

Violaciones a los derechos humanos

Defiende Venezuela recibió testimonios de 34 casos de violaciones a los derechos humanos en el marco de la Operación Trueno en Altagracia de Orituco. Muchas de las víctimas eran parte de una lista de supuestos miembros del Tren del Llano que habían elaborado las fuerzas de seguridad, pero que en realidad contenía muy pocos nombres de miembros reales de la organización criminal.

En su mayoría se trataba de personas con conexiones familiares o sociales con miembros de la banda, personas que habían sido obligadas a colaborar con esta —incluidas sus víctimas de extorsión— y cualquier persona que viviera en un barrio marginal.

Allanamientos y detenciones arbitrarias

Varias viviendas y locales comerciales de Altagracia de Orituco fueron allanados sin una orden judicial. En Venezuela, sin embargo, la libertad personal y el domicilio son inviolables, y su restricción solo es permisible cuando existe una orden de un juez o cuando la persona es capturada en flagrancia.

En el 100 % de los casos documentados, las víctimas de allanamientos y detenciones arbitrarias dijeron a Defiende Venezuela que los agentes de las fuerzas de seguridad no mostraron una orden de allanamiento. Además, cuando las víctimas exigieron respuesta sobre el fundamento de las detenciones, los agentes de las fuerzas de seguridad les mostraron una lista, desde sus teléfonos, que citaba los nombres de supuestos miembros del Tren del Llano, y afirmaron que se trataba de una orden del presidente Nicolás Maduro.

Así ocurrió en el caso de Camila, una mujer de 20 años que fue detenida junto con una amiga que se encontraba con ella. Los agentes de seguridad, que vestían de negro y usaban pasamontañas, ingresaron a su casa mientras dormían, de forma violenta y sin una orden de allanamiento. Cuando la abuela de Camila increpó a los agentes, estos dijeron que la operación respondía a una orden presidencial.

Los agentes de seguridad llevaron a las dos mujeres a una vivienda que era propiedad del Estado, donde las desnudaron, abusaron de ellas, y les cortaron parte de su cabello. En el expediente, sin embargo, los policías declararon que las detuvieron en las calles de Altagracia portando “armas de guerra”.

Otro caso fue el de Tomás, quien fue detenido en la vivienda de su suegra. Los agentes lo pusieron de rodillas y lo golpearon con pistolas mientras le decían que debía cooperar con las autoridades porque era una “orden presidencial”.

En la operación también se registró el caso de Fabián, un hombre que fue detenido y agredido por efectivos que presuntamente seguían una “orden presidencial”.

Abusos policiales

Desde abril hasta julio de 2022, Defiende Venezuela identificó distintos ataques perpetrados por la comisión policial y militar integrada por las distintas divisiones de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET), y el CONAS, quienes incurrieron en los delitos de lesión al derecho a la vida, y la integridad personal y libertad de los residentes  de Altagracia de Orituco.

Entre los abusos más comunes se identificaron actos de tortura, robos a la propiedad, abusos sexuales y desapariciones forzadas.

Además de las sedes de la PNB, SEBIN y CONAS ubicadas en Altagracia de Orituco, propiedades privadas fueron usadas para alojar a agentes de seguridad, o también para servir como centros de reclusión, interrogación y tortura.

Una de ellas fue el hotel Campanario, que recibió una orden de contratación por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para albergar buena parte de los agentes de seguridad que llegaron a Altagracia desde Caracas. El hotel, además, fue utilizado para realizar interrogatorios.

Adyacente al hotel se encuentra el restaurante El Caney del Coleador, que fue utilizado para torturar a los detenidos. Entre ellos, un menor de edad y su tío.

Al menor de edad lo tuvieron detenido en una patrulla recibiendo amenazas de muerte, mientras que a su tío lo amarraron en la estructura del recinto y lo golpearon con el fin de obtener confesiones relacionadas con el Tren del Llano.

Lea el reporte completo en la página web de Insight Crime:  https://insightcrime.org/es/investigaciones/cuando-terror-invadio-guarico-venezuela/