Informe de la ONU denuncia deterioro de DD. HH. en Venezuela entre 2024 y 2025
El documento será presentado al Consejo de Derechos Humanos. El informe abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025. El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que garanticen el respeto a los derechos humanos
Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr), fechado el 26 de junio de 2025, expone un panorama preocupante sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El documento, que abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, será presentado al Consejo de Derechos Humanos en la actual sesión que se celebra entre el 16 de junio y el 11 de julio.
Basado en testimonios de víctimas, organizaciones civiles y fuentes verificadas, el informe detalla múltiples violaciones de derechos económicos, sociales y civiles, y advierte que, pese a un acuerdo alcanzado en noviembre de 2024 para retomar la cooperación con Caracas, la presencia del organismo en el país sigue siendo limitada, lo que obstaculiza su labor.
La población venezolana, señala el documento, continúa enfrentando una grave crisis multidimensional. La persistente inflación, las sanciones internacionales y la falta de datos oficiales han profundizado la emergencia humanitaria, afectando el acceso a servicios básicos como salud, educación y alimentación.
A ello se suma el desmantelamiento progresivo de la infraestructura: los cortes eléctricos y la escasez de agua son frecuentes, y el ingreso mínimo legal es insuficiente para cubrir necesidades esenciales, lo que ha provocado protestas constantes, especialmente de trabajadores del sector público.
El sistema de salud pública sigue colapsado, según el informe. La escasez de medicamentos y equipos en hospitales se ha vuelto crónica, especialmente para pacientes trasplantados, con enfermedades crónicas o condiciones como la fibrosis quística. Las restricciones legales y económicas también limitan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
El impacto en comunidades indígenas es especialmente grave. Se reportan brotes de malaria y tuberculosis, y severas limitaciones en el acceso a medicinas y transporte. A esto se suma la falta de demarcación de territorios indígenas, lo que los deja expuestos a la minería ilegal y a la violencia de grupos armados.
En el plano ambiental, el informe alerta sobre la continuidad de derrames petroleros que han contaminado vastas áreas como el lago de Maracaibo y el golfo Triste, afectando la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras. También denuncia amenazas y agresiones a defensores ambientales, en medio de una política oficial cada vez más opaca.
La Ohchr señala además un recrudecimiento de la represión política. Denuncia detenciones arbitrarias, hostigamiento a periodistas, líderes opositores y defensores de derechos humanos, así como acciones como la "Operación Tun Tun", a través de la cual se ejecutan allanamientos y arrestos sin debido proceso. Tras las elecciones, también se documentaron represalias contra activistas, forzando a varios a huir del país o entrar en la clandestinidad.
El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que garanticen el respeto a los derechos humanos, promuevan el acceso a servicios básicos y restablezcan las condiciones necesarias para un espacio cívico libre y seguro.