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Infobae: EE. UU. exige la liberación inmediata de 11 presos políticos detenidos por el gobierno de Maduro

La insinuación llega tras un exitoso operativo que permitió evacuar a cinco opositores venezolanos desde la embajada argentina en Caracas hacia Miami. Esto reafirmó el compromiso de la Casa Blanca con los derechos humanos. Estados Unidos actuará con la velocidad y el rigor que ya aplicó en la Operación Guacamaya ante la situación de los detenidos

La Casa Blanca dio una advertencia directa al gobierno de Nicolás Maduro, si no libera de inmediato a 11 detenidos que Washington considera de “prioridad nacional”, tomará represalias.

Se trata de nueve ciudadanos estadounidenses, un gendarme argentino y un israelí, todos arrestados de forma arbitraria por la dictadura venezolana y actualmente recluidos en diferentes centros de detención del país caribeño.

La presión diplomática estadounidense se produce días después de una operación altamente coordinada que logró evacuar a cinco opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina en Caracas.

La acción, que combinó precisión política y logística, permitió que Magallí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos escaparan del cerco chavista.

El operativo incluyó un traslado sigiloso desde la capital venezolana hacia una playa en el litoral caribeño, seguido de una rápida travesía marítima hasta una isla famosa por las canciones de los Beach Boys. Desde allí, abordaron un vuelo que aterrizó horas después en Miami, a salvo del alcance del régimen.

Con este despliegue, la Casa Blanca reafirma su compromiso con los derechos humanos en Venezuela y deja claro que no tolerará más detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros ni de disidentes políticos.

De acuerdo con el diario digital Infobae, la Operación Guacamaya ejecutada para liberar a los disidentes venezolanos fue una decisión política de Marco Rubio, secretario de Estado de EEYY. Y a su lado se alinearon Chris Landau, subsecretario de Estado, y Mauricio Claver Carone, enviado especial de Donald Trump para América Latina.

No es casualidad que Rubio, Landau y Claver Carone hayan empujado juntos. Los tres tienen compromisos afectivos y políticos con la región, y los tres entienden qué sucede a la sombra del régimen caribeño.

En este contexto, la administración Trump envió un mensaje directo a la dictadura venezolana: si no procede a la liberación de 11 presos políticos que están detenidos-desaparecidos, Estados Unidos actuará con la velocidad y el rigor que ya aplicó en la Operación Guacamaya.

Claver Carone accede a la nomenclatura de Maduro, mientras que Rubio y Landau suman esfuerzos que la Casa Blanca ya puso en movimiento.

Landau vivió en Caracas y durante su paso por Harvard escribió su tesis principal sobre la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Conoce el terreno como pocos.

Rubio, en su doble rol de secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, mantiene informado al presidente Trump, que aspira a una nueva derrota del gobierno venezolano.

Venezuela tiene una dependencia absoluta con la cadena de suministros a nivel global desde insumos para la explotación petrolera hasta la adquisición de medicamentos, y la advertencia de Estados Unidos tiene como eje esta debilidad estructural de la economía caribeña.

La Casa Blanca puede incidir en la provisión habitual de recursos que sostienen la economía, la salud y la industria del petróleo, a cargo de países como Argentina e India, por ejemplo.

Desde esta posición de fuerza, el Departamento de Estado quiere que Maduro libere a 11 presos políticos que considera una prioridad nacional. Ese grupo de detenidos desaparecidos esta integrado por nueve estadounidenses, el gendarme argentino Nahuel Gallo y un ciudadano israelí.

Los gobiernos de Javier Milei y Benjamín Netanyahu le pidieron a la administración Trump por sus secuestrados, y el Departamento de Estado añadió sus nombres a la lista prioritaria que negocia Claver-Carone con los interlocutores asignados por Maduro.

Ron Dermer, ministros de Asuntos Estratégicos de Israel, se reunió la semana pasada con Trump y Rubio, antes que el presidente de los Estados Unidos volará al Golfo Pérsico para protagonizar una gira de 72 horas.

Y en el caso de Argentina, Ricardo Ferrer Picado, asesor de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad, actúa como enlace entre la administración republicana y el gobierno de Milei. Ferrer Picado tiene lazos fluidos en el Departamento de Estado y el Ala Oeste de la Casa Blanca.

Pese a los resultados de la Operación Guacamaya, adonde quedó en evidencia las fallas de seguridad e inteligencia de la dictadura caribeña, los interlocutores de Maduro exhiben predisposición al diálogo con el Departamento de Estado.

Sin embargo, sus exigencias no cuadran con la negociación que se propone desde Washington. Rubio, Landau y Claver-Carone son reluctantes a ciertas demandas que se transmitieron desde Caracas.

Maduro pretende que Estados Unidos levante las sanciones financieras y autorice que empresas americanas extraigan y exporten las reservas petroleras de Venezuela.

Además, el dictador caribeño exige que el canje de presos políticos por narcotraficantes detenidos por Nayib Bukele sea asimétrico.

Maduro quiere aplicar la lógica terrorista de Hamas: un rehén de Estados Unidos a cambio de un número amplio de delincuentes que están a la merced de Bukele.

No, contestaron desde el Departamento de Estado a las demandas del gobierno venezolano. Maduro ya sabe que el reloj empezó a correr.

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