Guanipa: “Vamos hacia la municipalización de los recursos”

Los cinco meses de instalación de la Asamblea Nacional AN han transcurrido en medio de una fuerte tormenta. Para Juan Pablo Guanipa, diputado a la AN por el Zulia, es el momento más difícil del Poder Legislativo en toda la historia democrática. “Sin embargo, hemos logrado muchísimo. Se han sancionado en primera o segunda discusión treinta leyes, mientras que en el año 2015, con Diosdado Cabello en la presidencia, se sancionaron tres”.

En su opinión es un récord legislativo importante. “Hay que ver lo que sucedía antes. Ni un sólo acto de control de la gestión pública tuvo la Asamblea Nacional el año pasado. Nosotros hemos iniciado un proceso de interpelación de funcionarios, la mayoría no va. Otros sí, pero es que creo que tenemos la obligación de hacerlo. Vayan o no vayan tenemos que invitarlos”.

“Yo por ejemplo ayer di una rueda de prensa para decirle: señor (Francisco) Arias Cárdenas, vaya a su interpelación. Cómo es eso que un funcionario público que es invitado a ser interpelado, que es una cuestión totalmente natural por el Parlamento, y el funcionario decide no ir. Él no puede actuar discrecionalmente. Es una obligación que él tiene”.

Argumentos como estos esgrimió el parlamentario zuliano Juan Pablo Guanipa durante una visita que dispensó junto a su equipo de trabajo al diario Versión Final. Carlos Moreno, director; Raúl Semprún, jefe de información y quien redacta, los recibimos y conversamos acerca de diversos temas de interés nacional.

—Ustedes han dicho que se violentaron las reglas del juego cuando se nombró el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se instaló el 23 de diciembre de 2015. Si ese TSJ, que no contó con la legitimidad de un voto popular, como sí la tuvieron ustedes, les pidió que retiraran a los tres legisladores de Amazonas y ustedes accedieron, ¿ustedes legitimaron a ese TSJ, siendo ustedes legítimamente electos?

—Lo que pasa es que ese era el momento inicial de todo este periodo y nosotros queríamos darle cierta gobernabilidad a la Asamblea Nacional. Si en ese momento nosotros no tomamos esa decisión, quizá la Asamblea Nacional se hubiera acabado. Nosotros lo consideramos muchísimo.

—¿Y no es lo mismo que está ocurriendo ahora?

—Ahí está la Asamblea Nacional (AN). En este momento está trabajando. Es un foro para la discusión de los problemas del país, pero es un foro también para sancionar leyes. Ah, que después no entran en vigencia, esa no es responsabilidad de la AN. Es responsabilidad de una Sala Constitucional espúrea. Yo lamento profundamente que tres de los siete magistrados sean zulianos. Es una vergüenza para el estado Zulia; Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado y Calixto Ortega. Lo único que les interesa a esa gente es el poder. Vieron el poder como un fin en sí mismo, no como un instrumento para la transformación de la sociedad y eso hace que hayan perdido el norte. Perdieron la brújula. Están totalmente divorciados de lo que en el país está pasando.

Transferencia de recursos

Guanipa es defensor de la descentralización. Desde su óptica el Estado “está completamente centralizado” y eso hace que la solución de los problemas esté muy alejada de la gente. “Nosotros tenemos que lograr que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen. Para eso tenemos que lograr que haya transferencia de recursos y de competencias hacia los Estados y hacia los municipios, hacia las comunidades organizadas”.

—¿Se está impulsando desde la Asamblea la municipalización del país?

—Nosotros estamos trabajando en varios proyectos de ley. Una es la Ley Orgánica del Estado Federal Descentralizado para darle ya consistencia de ley a un asunto que aparece en la Constitución pero que no se ha desarrollado. Queremos desarrollar todo el concepto de Estado Federal Descentralizado. Estamos trabajando la modificación que ya hicimos, mediante una consulta aquí en el Zulia, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para poder municipalizar más el país. Estamos trabajando en la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, mediante la cual se puede lograr que las regalías petroleras se calculen en un 3,3 por ciento y que vuelva entonces a darse más recursos a los municipios. Estamos trabajando la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal, que por cierto la Asamblea Nacional decidió que fuera orgánica con las dos terceras partes o un poquito más de los integrantes de la Asamblea. Eso es algo que nos enorgullece también porque queríamos darle ese carácter de orgánica.

—¿Hacia dónde apunta esa Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal?

—A arrancarle recursos al Gobierno central. El Gobierno central maneja el 92 por ciento de los recursos del país, que los administra discrecionalmente el Presidente de la República. Eso no es viable en ningún país del mundo. El 8 por ciento de los recursos lo administran veintitrés gobernaciones, un distrito capital y 335 alcaldías. Eso no tiene sentido. Lo que queremos es arrancarle recursos al Gobierno central. La Constitución habla de un Estado descentralizado. Esa Ley de Hacienda Pública Estadal está prevista en la Constitución Nacional y decía una de sus disposiciones transitorias que durante el primer año de gestión de la Asamblea debía sancionarse. Bueno, pasaron dieciséis años para que se sancionara y yo me siento orgulloso de que eso hoy esté cerca de ser una realidad. A pesar de las dificultades que va a tener porque probablemente el Presidente de la República la enviará a la Sala Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia para que declare su inconstitucionalidad. En ese momento va a ser muy bueno recordarle al Presidente que cuando él era presidente de la Asamblea Nacional esa Ley se aprobó, se discutió en la primera, en la segunda discusión, se sancionó y se envió al presidente de la República. Por orden del presidente (Hugo) Chávez, la engavetaron.

La acción del Partido Socialista Unido de Venezuela con la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal no desinfla el ánimo del parlamentario. “Más allá de eso, nosotros necesitamos seguir produciendo leyes. Independientemente de que vayan a la Sala Constitucional, que el Presidente no las quiera promulgar, tenemos que seguir elaborando toda una serie de documentos jurídicos que en el momento en que tengamos un cambio de Gobierno y otros poderes en el país, pueda ser la base de sustentación de un nuevo gobierno en Venezuela”.

En opinión del parlamentario desde la actual Asamblea Nacional se busca voltear el rumbo a la concepción de Estado impulsada por el chavismo. En su opinión el Gobierno del presidente Nicolás Maduro busca, “dicho por gente importante de este gobierno como Aristóbulo Isturiz, es acabar con gobernaciones, acabar con alcaldías, crear un Poder Popular que no tiene fisonomía propia y que depende completamente del gobierno central. El Gobierno central se entiende con el Poder Popular y no pasa por ninguna instancia subnacional sino que se entienden directamente”. Cree que ese es un Estado que no nos conviene. Hace que desde el consejo comunal no se conozca adecuadamente cuáles son las realidades y cómo se pueden resolver. Está amparado por un gobierno central y centralizador, recuerda.

Al fi nal de cuentas lo que estamos haciendo es buscando por distintas vías recursos para los Estados, recursos para los municipios, independientemente de quién sea el gobernador y quién sea el alcalde, enfatizó.