Gobierno mantiene restricciones a la libertad de prensa tras captura de Maduro

La libertad de prensa en Venezuela continúa condicionada por restricciones legales, bloqueos digitales, agresiones y procesos judiciales contra periodistas, pese a una reducción de algunas prácticas de persecución tras el 3 de enero de 2026, cuando fue detenido Nicolás Maduro junto a Cilia Flores.

Édgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), reconoce que después de esa fecha se abrió una “rendija pequeña” que permitió ampliar ligeramente el margen para informar. Sin embargo, advierte que el ejercicio periodístico todavía enfrenta un escenario restrictivo, marcado especialmente por agresiones contra comunicadores y medios, reseña El Nacional.

Entre enero y julio, el CNP Caracas documentó 134 agresiones contra la prensa. La intimidación fue la principal modalidad, con 24 casos, seguida por el impedimento de cobertura y las detenciones arbitrarias, con 23 casos cada una.

A estos hechos se suman denuncias sobre borrado de material, deportación de corresponsales extranjeros, hostigamiento, amenazas, cierre de emisoras, decomiso de credenciales e intentos de robo de equipos, reporta El Nacional.

Cárdenas sostiene que el ecosistema comunicacional continúa sometido a un esquema de control y cuestiona la aplicación de normas como la Ley contra el Odio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley Simón Bolívar, que, según afirma, pueden ser utilizadas de manera discrecional contra periodistas.

Persisten los mecanismos de persecución

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), considera que la captura de Nicolás Maduro abrió una nueva etapa, en la que se produjeron excarcelaciones de periodistas detenidos por motivos políticos y una reducción de algunas prácticas de persecución.

No obstante, aclara que estos cambios no representan una transformación estructural.

A comienzos de 2026, al menos 40 periodistas y trabajadores de la prensa estaban presos o sometidos a procesos judiciales. Aunque actualmente existe mayor espacio para informar, Ruiz lo califica como “frágil” mientras continúen vigentes los mecanismos restrictivos y no existan garantías que eviten su repetición.

El Sntp asegura que entre enero y julio registró al menos 46 incidentes contra periodistas y medios, entre restricciones de cobertura, hostigamientos, amenazas, revisión de dispositivos, detenciones y otras acciones que afectan el trabajo informativo.

La persecución, sostiene Ruiz, no desapareció después del 3 de enero, sino que cambió de intensidad y, en algunos casos, de modalidad.

Bloqueos y dificultades para acceder a información

El acceso a la información pública también permanece entre los principales obstáculos para el ejercicio periodístico. Ruiz denuncia la existencia de pocos mecanismos efectivos para solicitar datos y una amplia discrecionalidad en el acceso a funcionarios, documentos e información de interés público.

Cárdenas, por su parte, cuestiona el bloqueo de medios digitales y señala que los usuarios deben recurrir en algunos casos a herramientas como las VPN para acceder a contenidos informativos.

El representante del CNP también denuncia procedimientos administrativos por parte de Conatel y reclama el desbloqueo de los medios digitales y garantías para el libre ejercicio del periodismo.

A juicio de Ruiz, las restricciones no se limitan a episodios aislados, sino que conforman un sistema que combina controles legales, políticos, institucionales y tecnológicos, además de amenazas de judicialización y prisión.

Presiones tras los terremotos

Las tensiones entre las autoridades y los medios también se hicieron evidentes durante la cobertura de los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

Cárdenas denunció intimidaciones contra periodistas que reportaron dificultades en la atención de la emergencia y recogieron testimonios de sobrevivientes que reclamaban asistencia para rescatar a familiares.

Delcy Rodríguez acusó entonces a algunos medios de formar parte de supuestos “laboratorios mediáticos” destinados a difundir desinformación y generar caos en las zonas afectadas.

Según Cárdenas, durante esas jornadas se produjeron retenciones temporales de equipos, borrado de material y amedrentamiento directo, situaciones que, asegura, contribuyen a la autocensura de los comunicadores.

Posteriormente, el Ministerio de Comunicación acusó a varios medios, entre ellos El Nacional, de difundir información falsa sobre La Guaira.

Para Ruiz, la libertad de prensa no depende únicamente de la posibilidad formal de publicar información, sino también de las consecuencias que pueden enfrentar periodistas y medios después de hacerlo.

Periodistas excarcelados aún enfrentan procesos

La liberación de periodistas no ha significado el cierre de todos los procesos judiciales.

El Sntp señala que seis comunicadores excarcelados continúan con causas penales abiertas y sometidos a medidas cautelares, restricciones de movilidad y presentaciones periódicas ante los tribunales.

Entre ellos se encuentran Carlos Correa, Rory Branker, Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas, Luis López y Gabriel González.

Ruiz cuestiona además la demora de los tribunales para responder a las solicitudes de los abogados y fijar audiencias, una situación que, según explica, prolonga procesos que deberían haber concluido.

El sindicato también advierte sobre periodistas y trabajadores de medios que permanecen fuera del país debido a investigaciones, acusaciones o señalamientos que dificultan su regreso.

El gremio espera resultados de la negociación

El SNTP espera que la negociación iniciada el 1 de agosto entre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, permita avanzar en medidas concretas para recuperar la libertad de prensa y expresión.

Durante la primera ronda de conversaciones, el sindicato entregó a la delegación encabezada por Dinorah Figuera un documento con registros de las restricciones existentes y propuestas para atenderlas.

Entre las principales demandas figuran el cierre de los procesos judiciales contra periodistas, el levantamiento de medidas cautelares, garantías para el retorno seguro de quienes permanecen en el exilio, el desmontaje de los mecanismos de censura y bloqueo y una mayor apertura de la información pública.

Cárdenas, sin embargo, expresa reservas sobre el proceso y considera prioritario que se levanten los bloqueos contra medios digitales y se garantice el acceso de los usuarios a sus contenidos.

Para el representante del CNP, las garantías para la libertad de expresión ya están contempladas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El problema, sostiene, radica en hacerlas efectivas.

Precariedad laboral afecta al sector

A las restricciones para ejercer el periodismo se suma el deterioro de las condiciones laborales.

Una encuesta del SNTP citada por Ruiz señala que el pluriempleo alcanza a casi 70% de los trabajadores consultados: 44,8% tiene dos empleos y 24,2% cuenta con tres o más.

El estudio también indica que 60% mantiene una relación laboral fija o indeterminada, mientras que 30% trabaja sin un contrato escrito que establezca claramente sus condiciones.

Ruiz advierte que el deterioro del ecosistema de medios también ha reducido las oportunidades laborales. En los últimos 15 años, asegura, cientos de medios de comunicación han cerrado y numerosas redacciones han disminuido su capacidad operativa.

Para los gremios periodísticos, superar este escenario requiere pasar de la interlocución a decisiones concretas que permitan desmontar las restricciones, garantizar el acceso a la información y crear condiciones para el ejercicio independiente del periodismo en Venezuela.