Gobierno de Venezuela rechaza orden de detención de justicia argentina contra Maduro

El Gobierno de Venezuela, a través de la Cancillería, rechazó este martes 24 de septiembre la orden de detención de la justicia argentina, emitida el lunes 23 de septiembre contra el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Interiores, Diosdado Cabello.
La República Bolivariana de Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder judicial argentino, en contra del presidente Nicolás Maduro y del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que no es más que una burda reacción de retaliación", destaca el comunicado de la Cancillería, publicado en redes sociales.
Señala que esa decisión judicial es "instruida por el Sr. Javier Milei (presidente de Argentina) basada en la corriente internacional del 'Lawfare' (uso de sistemas e instituciones legales para dañar o deslegitimar a un oponente), que busca socavar la soberanía de los países y deslegitimar procesos constitucionales, democráticos y populares".
Esta decisión carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios", agrega el comunicado.
A juicio de la Cancillería venezolana, que califica de "ridícula" la decisión judicial, tal medida "busca apuntalar la progresiva destrucción del estado de derecho internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel, afectando seriamente todo el sistema internacional".
Asevera que esa orden judicial por parte de la Cámara Federal argentina es un "desfachatado simulacro", además de considerar que eso produce "el zarpazo final a su estado de derecho (en Argentina), como frenéticamente ha jurado consumar Javier Milei en recurrentes ocasiones".
El lunes, la Cámara Federal de Argentina ordenó al juez Sebastián Ramos solicitar la captura internacional del presidente Maduro, para investigarlo por violaciones a los derechos humanos.
Según el fallo, se comprobó la existencia de un plan sistemático de represión, desapariciones forzadas, tortura y homicidios en Venezuela, vigente al menos desde 2014.
Los jueces destacaron los testimonios de las víctimas y los informes internacionales que revelan un patrón común de abusos y persecución por parte del Estado venezolano.