Frente Laboral Obrero denuncia mafias sindicales oficialistas y pide reenganche masivo

El Movimiento Laboral Obrero 3E, junto al Frente Nacional de Petroleros por la Restitución Laboral, emitió un manifiesto para exigir el reenganche inmediato de miles de profesionales y técnicos apartados de sus puestos de manera arbitraria en las industrias básicas y el sector petrolero del país. En el documento, las organizaciones denunciaron una red de complicidad institucional entre las gerencias de turno, las Inspectorías del Trabajo y la dirigencia sindical oficialista.

La fuente gremial denunció que la inamovilidad laboral se ha transformado en una ironía sistémica y un grillete burocrático. Aseguran que las corporaciones estatales utilizan este marco para aplicar purgas silenciosas y retaliaciones ideológicas. Para evadir los procedimientos de ley, las jefaturas recurren al hostigamiento mediante la suspensión ilegal de salarios y el aislamiento operativo, y llegan a dejar a los empleados sin funciones específicas pero obligados a cumplir horario para forzar renuncias coaccionadas o el abandono del cargo mediante amenazas directas.

Las exigencias clave de restitución

Ante este escenario de precarización extrema, el frente organizativo estructuró su solicitud de reenganche en cuatro demandas urgentes.

En primer lugar, exigen la nulidad absoluta de los despidos bajo coacción o amenazas psicológicas. Asimismo, demandan la restitución por motivos de persecución política, dirigida a quienes fueron desincorporados por su ideología, opiniones en redes sociales o por negarse a participar en actos partidistas.

El documento también reclama la reincorporación del personal afectado por causas económicas, quienes se vieron forzados a dejar sus puestos tras la pulverización del salario bajo la excusa de supuestas reestructuraciones presupuestarias. Finalmente, hacen especial énfasis en la defensa de los trabajadores con hijos que presentan discapacidades o condiciones especiales, denunciando que sus despidos violan las leyes de protección familiar y los dejan en el desamparo total.

Señalamientos directos y confiscación de prestaciones

En el texto, el movimiento señala de manera directa a Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), acusándolo de actuar en alianza con las directivas de las corporaciones públicas como el brazo ejecutor y validador de los despidos masivos.

De igual forma, alertaron que a las víctimas se les niega sistemáticamente el pago de sus prestaciones sociales y liquidaciones correspondientes, utilizándolo como un mecanismo de castigo político y confiscación de sus años de servicio.

Los portavoces afirmaron que la clase trabajadora ha perdido el miedo frente a los mecanismos de sumisión institucional. Por ello, manifestaron su total disposición para incorporarse a los equipos de recuperación técnica y operativa de las empresas, bajo la premisa de una reconstrucción nacional basada exclusivamente en la capacidad, el compromiso y el mérito profesional, donde no se criminalice ni se excluya a ningún trabajador por sus posiciones políticas de base.

El movimiento gremial anunció que solicitará interponer buenos oficios para elevar formalmente esta denuncia ante instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y libertad sindical.

El documento puntualiza que las solicitudes de investigación y revisión institucional se concentran específicamente en empresas clave como PDVSA, SIDOR, Ferrominera, Alcasa, CORPOELEC, CANTV, el IVSS y el Hospital Coromoto.