Fedecámaras-Zulia aplaude Ley de Pensiones: Cámara de Comercio advierte sobre “competencia desleal”

Durante las últimas semanas, el denominador común en cualquier conversación empresarial es la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista. Los líderes de la industria privada zuliana tienen opiniones cruzadas respecto a la controversial ley que exigirá un pago de entre el 1 % y 15 % a todas las empresas para contribuir al fondo de pensiones nacional.
En Venezuela existen registrados más de cuatro millones de pensionados, quienes deben conformarse con los casi simbólicos 130 bolívares, monto oficial del sueldo mínimo en el país.
A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro complemente este pago con bonos, los adultos mayores exigen desde hace años mejores ingresos, que les permitan realizar su vida normal.
Ante ello, la Asamblea Nacional aprobó la Ley por unanimidad el pasado 7 de mayo, y acto seguido fue promulgada por Maduro, para ser publicada en Gaceta Oficial N° 6.806 el siguiente día.
Diversas opiniones surgieron ante la idea de que las empresas privadas sean las que contribuyan a las pensiones, en uno de los países con mayor carga fiscal del continente, y que se le añade un peso más.
Fedecámaras-Zulia aplaude el proyecto
Fedecámaras fue una de las asociaciones quienes presentaron su propuesta al Ejecutivo sobre la nueva Ley de Protección de Pensiones. Según su visión, la contribución de las compañías debe ser del 6 %, así como otra serie de recomendaciones.
Para Alex Balza, presidente de Fedecámaras-Zulia, a pesar de que aumentar la carga impositiva a las empresas es algo completo, la situación de los pensionados también es crítica. “No podemos dejar de pensar que también se requiere que los pensionados puedan tener unas mejores condiciones o unos mejores ingresos para mejorar su calidad de vida”, aseveró.
Sumada a la propuesta del 6 %, la asociación gremial plantea que este aporte tenga un techo no mayor a tres salarios, incluyendo bonos, es decir, 390 dólares. De igual forma, piden que las empresas que ya tengan un plan de pensiones no participen en este en este programa.
El directivo indicó que han mantenido conversaciones con el Gobierno, y recordó que es el Presidente quien tiene la potestad de fijar el porcentaje de forma anual, y hasta ahora, no ha sido publicado el reglamento donde se especifique el monto.
En cuanto a los posibles efectos negativos que podría tener sobre la economía, Balza desestimó esta posibilidad. “Yo pienso que no debe ser un gran impacto. Si nosotros tenemos un 6 %, que es la petición que tiene Fedecámaras, pues estaríamos contribuyendo a la seguridad, al bienestar social de los pensionados", señaló.
Sin embargo, manifestó que la presión fiscal que afronta el sector privado es “algo que se tiene que revisar”, ya que se traduce en menores beneficios y peores condiciones para hacer crecer a las organizaciones.
“Ya hoy se está diciendo que de los ingresos netos que pueda tener una empresa, 50 % se va a encargar impositiva”, agregó.
Cámara de Comercio: ¡Competencia desleal!
En la otra cara de la moneda, la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) mostró su preocupación por la nueva Ley, y su presidente, Alessandro Nanino, llegó a alertar sobre un posible método de “competencia desleal” para la industria.
“La presión fiscal se está convirtiendo es un elemento muy fuerte de competencia desleal”, afirmó.
Nanino puntualizó que algunas grandes cadenas de empresas no pagan varios de los tributos establecidos a nivel nacional, y operan como si de un comercio informal se tratase.
Esto causa que las empresas que sí cumplen con las leyes se vean en desventaja, viendo el impacto en los precios de sus productos, que pueden ser entre el 15 % y 20 % mayores que aquellos que no cumplen.
“Es muy difícil una empresa que cumple con todas sus obligaciones legales pueda competir con alguien que no las cumple, y eso es una preocupación que hemos llevado a los organismos nacionales, hemos hablado con la gente del Seniat, hemos hablado también con la alcaldía, o sea es importante que las reglas sean iguales para todos”, añadió.
Desde la CCM tampoco conocen cuál será finalmente el porcentaje a pagar de contribución a los pensionados, y se encuentran a la espera de la decisión de Nicolás Maduro.
Además, Nanino asegura que la solución al tema de las pensiones va más allá de este tipo de soluciones, y considera que se necesita una reforma total del Estado.
“Así como hacemos las empresas privadas que hemos tenido que recortar nuestros gastos, se habla de que el estado venezolano tiene tres millones de empleados, que si tú lo por ejemplo lo comparas con otros países por el número de habitantes es muy elevado”, atizó.
El empresario tampoco cree que los precios tendrán un alza a raíz de este nuevo tributo, debido al bajo consumo que existe actualmente en Venezuela, lo que llevará a las empresas a hacer recortes en su gasto para compensar.
Los propios pensionados ven con preocupación que el dinero recolectado de las empresas desaparezca en las manos de la corrupción, algo que Nanino también ve como algo plausible, en vista de los recientes hallazgos del caso Pdvsa-Cripto, donde el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, terminó tras las rejas.
“El Estado tiene mucho que hacer y mucho que avanzar en hacer reformas para evitar que las cosas ocurran, para que los sistemas de incentivos y de castigo en la administración pública lleven o motiven a los funcionarios a que no incurran en estos hechos de corrupción”, agregó.