Fallos del TSJ contra Colegios de Abogados buscarían neutralizar a la sociedad civil
La ONG Acceso a la Justicia advirtió que las recientes sentencias judiciales de la Sala Electoral del TSJ, que inciden en los procesos convocados por los gremios de los estados Lara y Carabobo, indican que la estrategia para neutralizar e intervenir la libertad de asociación sigue formando parte de la agenda del "nuevo" tribunal
Los fallos adoptados por la Sala Electoral del TSJ, en contra de los Colegios de Abogados de Carabobo y Lara, ponen en evidencia que la estrategia para neutralizar e intervenir la libertad de asociación de las organizaciones gremiales y sindicales, entre otras, que el TSJ junto con el CNE han llevado adelante en las últimas dos décadas, sigue formando parte de la agenda del "nuevo" máximo juzgado.
Así lo expone la ONG Acceso a la Justicia, en nota de prensa, señalando que "un mes es el tiempo que le ha tomado a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) salir de la parálisis en la que la sumió la decisión de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 tras reducir de cinco a tres la cantidad de sus integrantes y solo dejar a uno de sus anteriores miembros, acota el comunicado.
Cuatro semanas después de los cambios la instancia ha dictado sus primeras nueve decisiones, y dos de ellas han sido dirigidas contra los procesos comiciales que preparaban dos colegios de abogados".
Advierte AJ que, de ambos fallos, el que tiene mayores repercusiones es el primero, publicado bajo el N.° 038, pues en él se suspendieron cautelarmente los comicios para renovar a la junta directiva del Colegio de Abogados del estado Carabobo previstos para el pasado 27 de mayo.
¿Por qué la Sala tomó semejante decisión? Porque la Comisión Electoral de la organización profesional habría estado preparando el proceso a espaldas del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal y como lo denunció el accionante, el abogado Gianni Evidio Piva Torres, en el escrito que presentó el 18 de mayo. Para sustentar su señalamiento, el denunciante citó en su acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar unas declaraciones de la presidenta de la Comisión Electoral del Colegio, Roraima Álvarez, en las que aseveró que tenían ocho años esperando a que el árbitro les diera el visto bueno a las votaciones, explica la ONG en su comunicado.