Espacio Público cuestiona opacidad del diálogo entre gobierno y oposición y exige incluir libertad de expresión
La organización planteó además que los próximos acuerdos deben incluir obligaciones verificables, plazos de cumplimiento, publicación de las actas y metodología de las negociaciones y un mecanismo independiente de seguimiento con participación de la sociedad civil
La organización no gubernamental Espacio Público cuestionó la falta de transparencia en el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición parlamentaria, al advertir que la ciudadanía desconoce cómo se alcanzaron los acuerdos anunciados y cuáles son los mecanismos para verificar su cumplimiento.
En un comunicado divulgado tras el cierre del primer ciclo de conversaciones, la organización señaló que el proceso concluyó el 12 de agosto con dos acuerdos: impulsar la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y promover la recuperación de los activos venezolanos retenidos en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por los terremotos del 24 de junio.
Espacio Público, mediante un comunicado de prensa publicado en su página web, sostuvo que ambos compromisos dependen de información que, según la organización, el Estado venezolano no produce ni publica de manera suficiente. A esto se suma, afirmó, la ausencia de mecanismos que permitan comprobar que las decisiones adoptadas se ejecutarán conforme a la legislación.
La ONG también alertó sobre la falta de información pública alrededor de las conversaciones. Según el documento, la Asamblea Nacional publicó una nota sobre el cierre del primer ciclo, pero no difundió el documento que formaliza los acuerdos, mientras que tampoco se han hecho públicas la metodología utilizada ni las actas correspondientes a las diez sesiones celebradas.
La "ruta" del diálogo
El proceso comenzó formalmente el 1 de agosto, con la firma de las bases del diálogo. La mesa se instaló en Caracas cinco días después y sesionó hasta el 12 de agosto, con cinco reuniones de comisión técnica y cinco plenarias distribuidas en dos áreas: la atención de la emergencia provocada por los sismos y el fortalecimiento democrático, judicial y electoral.
Entre los acuerdos alcanzados figura la reforma de la Ley Orgánica del TSJ y de otras normas del sistema de justicia, además de la renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales y la apertura de un nuevo proceso para postular y designar a los magistrados del máximo tribunal. En materia de recursos, las partes acordaron promover la recuperación de los activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra, bajo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para destinarlos a la atención de los damnificados por los terremotos.
Sin embargo, Espacio Público destacó que temas como la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la situación de las personas detenidas por razones políticas quedaron fuera de los acuerdos. La organización recordó que, aunque el Gobierno anunció el 14 de agosto la excarcelación de 131 presos, organizaciones habían verificado 81 liberaciones hasta el 17 de agosto, mientras la Plataforma Unitaria Democrática señaló que más de 450 personas continuaban detenidas por motivos políticos.
Uno de los principales señalamientos de la ONG está relacionado con la ausencia de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en el comunicado que recogió los acuerdos. Espacio Público considera que este derecho fundamental debe formar parte del proceso de reconstrucción institucional y no quedar relegado a una etapa posterior.
“La libertad de expresión” está directamente vinculada, según la organización, con el acceso a la información pública y con la posibilidad de que exista un espacio cívico en el que los ciudadanos puedan participar y ejercer mecanismos de contraloría.
La ONG recordó que, al cierre de agosto, permanecían bloqueados 92 portales de noticias independientes, de acuerdo con el monitoreo de VE sin Filtro. Además, señaló que un informe presentado ante el Examen Periódico Universal registró 206 sitios web bloqueados, de los cuales 65 corresponden a medios independientes y organizaciones de la sociedad civil. También indicó que la red social X continúa inaccesible para los ciudadanos sin el uso de redes privadas virtuales.
Espacio Público afirmó además que entre enero y julio de 2026 registró 29 detenciones de periodistas y comunicadores, pese a las excarcelaciones ocurridas durante los primeros meses del año.
Ante este escenario, la organización pidió que el segundo ciclo de conversaciones, previsto para septiembre, incorpore compromisos concretos sobre libertad de expresión, acceso a la información y transparencia. Entre sus exigencias figuran el desbloqueo de páginas web y portales informativos, el cese de la persecución judicial por expresarse, garantías para el ejercicio periodístico, la restitución de equipos y concesiones de medios afectados y la apertura de espacios de prensa y acceso a documentos públicos.
La organización planteó además que los próximos acuerdos deben incluir obligaciones verificables, plazos de cumplimiento, publicación de las actas y metodología de las negociaciones y un mecanismo independiente de seguimiento con participación de la sociedad civil.
Espacio Público concluyó que las libertades de expresión, información y asociación no deben ser consideradas una concesión negociable entre las partes, sino condiciones necesarias para comprobar que la restitución institucional se está produciendo de manera efectiva.
Sin medios que informen no hay manera de saber si los magistrados se designaron por su mérito, sin datos abiertos no hay manera de saber si el oro llegó a los damnificados”, sostiene la organización, al reclamar que estas garantías sean incorporadas formalmente a la mesa de diálogo.