El País: Alejandro Betancourt tenía un arsenal de guerra y carros de lujo en su castillo
El empresario venezolano Alejandro Betancourt permanece bajo investigación en España por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal, mientras su patrimonio y sus conexiones empresariales en el país son examinados por las autoridades.
La investigación, que involucra a la Policía española, la Fiscalía Anticorrupción y autoridades de Suiza, incluyó registros realizados el 28 de agosto de 2025 en seis propiedades vinculadas al empresario. Entre ellas estuvo la finca de Alamín, en Toledo, una propiedad de 1.440 hectáreas y valorada en más de 25 millones de euros que Betancourt adquirió en 2012.
De acuerdo con documentos policiales citados por El País, seis agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acudieron al lugar con una orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Aunque la propiedad figura a nombre de la sociedad Inversiones Agrícolas Trieste, los investigadores señalan que es el lugar donde el empresario reside cuando se encuentra en España.
Durante el operativo fueron localizados cinco vehículos de lujo, entre ellos dos Porsche Cayenne, un Porsche con matrícula venezolana, un Ferrari F12 Berlinetta y un Mini Cooper Cabrio. Tres de los automóviles fueron considerados de interés para la investigación y quedaron a disposición de las pesquisas suizas.
Los investigadores también encontraron en la finca una tarjeta de residencia de Emiratos Árabes Unidos a nombre de Betancourt, con vigencia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, además de una bodega con un número indeterminado de botellas de vino y otras bebidas alcohólicas.
Uno de los hallazgos que quedó registrado en el informe policial fue un cuarto acondicionado como armero. Según el documento, la habitación estaba cerrada con llave y fue abierta por un hombre que manifestó ser responsable de custodiarla. En su interior fueron encontradas 17 armas, entre ellas 13 rifles y cuatro escopetas, además de tres silenciadores y munición. Las autoridades señalaron que las armas no contaban con la documentación correspondiente y figuraban a nombre de otra persona.
El registro también permitió localizar 8.600 dólares en efectivo.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación desde junio de 2025, cuando presentó una querella contra Betancourt, su socio Pedro Trebbau y otras cuatro personas. El Ministerio Público español sospecha que el empresario pudo introducir en Europa parte del dinero relacionado con un supuesto fraude de 4.350 millones de dólares derivado de un préstamo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a la empresa Administrador Atlantic.
Según la tesis de la Fiscalía, una parte de esos fondos habría sido presuntamente blanqueada mediante inversiones en sociedades y bienes inmuebles en España. Betancourt, por su parte, rechaza las acusaciones de corrupción y ha presentado documentación venezolana con la que busca demostrar que fue exonerado de los delitos que se le atribuyen en Venezuela.
La causa española estuvo cerca de ser archivada después de que el empresario presentara esa documentación. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrir el procedimiento y aguardar la cooperación judicial de Estados Unidos.
La Fiscalía considera determinante el testimonio de cinco personas condenadas en Estados Unidos por un esquema conocido como Money Flight, relacionado con pagos a funcionarios de PDVSA para sacar dinero de la petrolera mediante operaciones encubiertas. Según los fiscales españoles, sus declaraciones podrían contribuir a acreditar el supuesto delito precedente y permitir avanzar en la investigación por blanqueo.
Mientras tanto, el juez Pedraz espera la respuesta de Washington a la solicitud de cooperación judicial. Según lo señalado en la investigación, el magistrado estableció diciembre como fecha límite para recibir esa información y advirtió que, de no obtener respuesta, podría archivar el procedimiento contra Betancourt.
El caso se desarrolla mientras el empresario venezolano ha adquirido un nuevo protagonismo en el sector petrolero de su país, luego de convertirse en interlocutor entre la administración de Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de acuerdos relacionados con la explotación de crudo venezolano.
