El Nuevo Herald: Funcionarios buscan a “Trump” revisando celulares mientras crece la represión en Venezuela

El medio de comunicación El Nuevo Herald reseñó este viernes el testimonio de Amanda, una joven zuliana trabajadora de una tienda de accesorios de tecnología que vivió una requisa en su auto en Maracaibo por parte de funcionarios de seguridad.

Detallan que los uniformados no quisieron verificar ni siquiera los documentos de su vehículo. Primero, exigieron revisar sus teléfonos celulares sin orden judicial.

Uno de los policías tomó sus teléfonos, ingresó a las aplicaciones de mensajería directa WhatsApp y Telegram, y escribió en el buscador varias palabras clave: “Maduro, Trump, sexo, droga”. Nada comprometedor apareció en sus chats.

“Pasamos muy mal momento. Nos retuvieron por unos 15 minutos y, luego de revisar los celulares y nuestros bolsos, nos dejaron ir”, dijo la joven al Herald, pidiendo reservar su apellido por miedo a retaliaciones por parte de las autoridades.

Las pesquisas de comunicaciones privadas de cualquier ciudadano por parte de policías y agentes de inteligencia política y militar en las calles venezolanas han sido denunciadas por defensores de derechos humanos como una modalidad ilegal con fines políticos tras las protestas por las elecciones presidenciales del año pasado.

En calles y avenidas principales de ciudades venezolanas hay puntos de control y patrullaje de agentes armados que revisan pertenencias, vehículos, computadoras y teléfonos celulares de quien decidan detener, mientras el poder político nacional alerta sobre una guerra.

Una fuente policial familiarizada citada por el mismo medio de comunicación explicó que los agentes de seguridad buscan palabras clave para saber si el investigado está involucrado en algún tipo de delito político, como estar a favor de un ataque o invasión de Estados Unidos.

“Ponen en esa pestaña de búsqueda palabras como ‘Maduro, Trump, invasión, droga, marihuana, pornografía’. Si hablas mal del gobierno (de Maduro), te metes en problemas”, bajo riesgo de cárcel o incluso extorsión, confió la fuente.

Ese nivel de vigilancia busca “imponer temor” en la ciudadanía, pero además refleja la preocupación del propio gobierno venezolano por cómo pudiera expresarse y orquestarse el descontento popular a través de comunicaciones privadas, de acuerdo con el experto en ciencias políticas Guillermo Tell Aveledo.

“Las protestas y la organización social se han inhibido casi completamente. El aparato policial y militar intenta acallar esto, la gente se retira de los chats, no comenta nada político”, explicó el profesor de estudios políticos en Caracas.

Domenico, un vendedor de artículos tecnológicos y vigilante de un centro comercial, dijo haber sido “secuestrado” durante dos horas por tres policías cuando iba en bicicleta camino a entregar uno de sus productos a un cliente, a finales de noviembre.

Los uniformados revisaron minuciosamente sus conversaciones y fotografías en WhatsApp y Telegram en su teléfono celular por no menos de una hora y media, detalló, pidiendo reservar su nombre completo por temor a su seguridad.

“Me sentí humillado. Fue un rato amargo”, dijo el joven, de 30 años. El artículo 48 de la Constitución de Venezuela garantiza “el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas” y advierte que sólo podrán ser interferidas mediante orden de un tribunal competente.

La represión continúa registrándose en Venezuela, con una censura que impide conocer cifras oficiales de arrestos políticos. Según la ONG Provea, solo en octubre hubo 54.

La Conferencia de Trabajadores de Venezuela denunció esta semana la detención de su secretario general, José Elías Torres, por parte de la Policía Nacional Bolivariana.

William Lizardo, secretario de una organización que defiende derechos de trabajadores del sector construcción, también fue arrestado hace días en Valencia, a unos 160 kilómetros de Caracas. Hay 16 líderes sindicales presos, según la CTV.

La semana pasada, el yerno del excandidato presidencial opositor Edmundo González, Rafael Tudares, fue condenado a 30 años de cárcel por presunta conspiración contra el gobierno de Maduro, según su esposa Mariana González.

También se informó a finales del mes pasado sobre la condena a 30 años de prisión de una médico venezolana de 65 años, Marggie Xiomara Orozco Tapias, por haber enviado un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos para que votaran en contra de Maduro, responsabilizándolo por la crisis económica del país.

El gobierno de Maduro está ejecutando una nueva fase del “patrón de represión” que inició en el marco de las elecciones del año pasado, de acuerdo con el sociólogo venezolano y doctor en procesos políticos contemporáneos Juan Manuel Trak.

Las autoridades buscan “desincentivar, desarticular y generar miedo a la población” para evitar una movilización social y política importante que pudiera amenazar su estabilidad en un momento de “alta tensión” militar con Estados Unidos, opinó.

La coyuntura social en Venezuela se complica además por la volatilidad del tipo de cambio, los altos precios de bienes y productos básicos, y la precariedad de los salarios y bonificaciones de millones de trabajadores en el sector público, dijo Trak.

Subrayó que Maduro refuerza su “patrón de infundir miedo” en la sociedad venezolana como parte de una estrategia “para que no se produzca una movilización social interna importante en este contexto de presión”.

“No es tanto una paranoia, sino una estrategia de represión (del gobierno venezolano) que busca la desmovilización, el miedo, la autocensura de la sociedad, tanto de grupos políticos como de organizaciones sociales y sindicales”, señaló.