El chavismo “amarró” con cautelares a 11.000 disidentes en Venezuela

Jorge Rodríguez, presidente de la AN se refirió al impacto directo de la Ley de Amnistía y reveló una cifra realmente esclarecedora en torno del impacto humano.

Aunque en múltiples discursos de los más altos funcionarios de la era Maduro en Miraflores se hizo énfasis en que en Venezuela no había presos políticos, el resultado de los debates en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía, desnudó el carácter persecutorio de la disidencia.

Este sábado Jorge Rodríguez informó, por ejemplo, que el sistema judicial otorgará libertad plena a quienes recibieron excarcelaciones en las últimas horas. El parlamentario detalló que esta medida busca normalizar la situación jurídica de ciudadanos que permanecían bajo regímenes de presentación o restricciones parciales.

Rodríguez también reveló una cifra de gran impacto para la opinión pública nacional. Según sus declaraciones, actualmente existen 11.000 venezolanos con medidas cautelares activas. El funcionario aseguró que estas personas están bajo evaluación para determinar si pueden recibir beneficios procesales definitivos. Esta acción pretende descongestionar el sistema judicial y avanzar en la agenda política que el oficialismo denomina “convivencia y paz”.

Ricardo Ríos, presidente de la firma Poder & Estrategia, afirma que, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el sistema penal venezolano tiene una capacidad de reclusión de 20 mil personas. “Ayer Jorge Rodríguez anunció medidas de beneficio (libertad plena) a 11 mil personas. Quiere decir que más del 50% de los presos en Venezuela son presos por razones políticas”, advertía en la red social X.

Así también lo hizo Luz Mely Reyes, periodista y analista política, quien se refirió al impacto de la cifra en el sentido más humano:
“Once mil personas. Multiplique eso por 4 (promedio de una familia típica venezolana) y verá que tan solo por la persecución política las vidas de más de 40 mil personas han sido afectadas”, resalta.

Reyes planteó que si a eso le suma quienes debieron guardar silencio, los supervivientes de las operaciones de exterminio en los barrios pobres y los ‘abatidos’ por resistencia a la autoridad, el número de víctimas directas sería descomunal.