Edmundo González alerta sobre la persistencia de violaciones a derechos humanos en Venezuela
El opositor venezolano menciona el último informe de la ONU sobre derechos humanos en el país, subrayando que las estructuras represivas aún permanecen intactas. Su análisis apunta a la transformación de las tácticas de persecución y la necesidad de justicia.
Edmundo González ha levantado la voz ante el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, denunciando que su contenido es alarmante y no puede ser ignorado. “He leído con detenimiento el nuevo informe… Su contenido es grave”, escribió en la red social X, enfatizando que cualquier análisis sobre la situación venezolana debe comenzar con un principio fundamental: “Los derechos humanos no son una concesión ni pueden depender de las circunstancias políticas”.
González también advirtió que la disminución de ciertos mecanismos represivos no implica la desaparición de las estructuras que los sustentan. “Menos represión no significa que hayan desaparecido las estructuras que la hicieron posible”, sostuvo, refiriéndose a las advertencias de la Misión sobre la continuidad de las estructuras legales e institucionales que facilitan graves violaciones de derechos humanos.
La transformación de las tácticas de persecución es otra cuestión que González abordó con preocupación. “La persecución no desapareció, mutó”, afirmó, al referirse a nuevas formas de intimidación que incluyen detenciones breves y vigilancia sobre opiniones políticas en redes sociales. “Ya no se trata solamente de cuánto tiempo permanece una persona detenida. Se trata del uso del poder para producir miedo, silencio y autocensura”, añadió, evidenciando un cambio en la estrategia represiva.
El informe de la ONU destaca que, aunque las detenciones prolongadas y algunas desapariciones forzadas han disminuido desde el 3 de enero de 2026, las prácticas represivas continúan. La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura ocurridos después de esa fecha y documentó abusos en centros de detención como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro.
Además, González subrayó que organizaciones de derechos humanos estiman que entre 379 y 500 personas aún permanecen detenidas por motivos políticos. En cuanto a la tortura, citó la conclusión de la Misión, que señala la existencia de “una cultura institucionalizada sostenida por la tolerancia y la impunidad”.
El papel de los colectivos también fue objeto de su análisis. La investigación de la ONU reveló conexiones entre estos grupos y estructuras estatales, concluyendo que sus acciones, cuando son dirigidas por organismos estatales, pueden ser atribuidas al Estado. Esto refuerza la idea de que las estructuras represivas se adaptan, pero no desaparecen.
González enfatizó que reconstruir las instituciones y recuperar los derechos de las víctimas es un proceso que requiere tiempo, pero subrayó la importancia de distinguir entre el tiempo necesario para una transformación democrática y la capacidad de una estructura represiva para reinventarse. “Lo que este informe muestra es precisamente la persistencia de estructuras que cambian sus formas sin modificar el fondo”, concluyó.
Finalmente, defendió la importancia de que la Misión continúe documentando los hechos: “Cada testimonio recogido, cada violación documentada y cada responsabilidad establecida forman parte de la memoria de un país cuyos derechos han sido vulnerados”. Y cerró con una frase contundente: “No hay reconstrucción democrática posible sin verdad, memoria y justicia”.