Director de Provea denuncia “terrorismo de Estado” antes y después del #10Ene
El activista Oscar Murillo afirmó que los detenidos en el país ya no se limitan únicamente al círculo cercano de los líderes opositores. “Lo que se busca generar es intimidación, inhibir la crítica y silenciar las voces disidentes”, indicó. El director de la ONG denunció el irrespeto a los derechos penales de los capturados, y pidió a la comunidad internacional “no voltear la mirada” sobre Venezuela
Oscar Murillo, director de la ONG Provea, señaló este lunes 13 de enero que el perfil de los detenidos en los últimos días en Venezuela “se ha ampliado”, y denunció que en los días anteriores y posteriores al 10 de enero, fecha de la juramentación de Nicolás Maduro, se evidenció un “terrorismo de Estado” en el país.
En una entrevista para VPI TV, el activista aseguró que lo evidenciado en este inicio de año “reafirma nuestra denuncia en todo el 2024”, y explicó que el rango de arrestos ya no se limita únicamente al entorno cercano de los líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González.
“Hay uso indiscriminado del sistema de justicia para atacar no solamente a un sector de la población, que puede ser el entorno más cercano de Machado y González, sino que estamos viendo detenciones arbitrarias y desapariciones como la de nuestro colega Carlos Correa, que han pasado seis días sin saber su paradero”, subrayó.
Murillo recordó el informe publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) del pasado 9 de enero, donde afirmaron que el Gobierno venezolano implementa “prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela para sembrar miedo y ejercer control sobre la población”.
“Lo que se busca generar es intimidación, inhibir la crítica y silenciar las voces disidentes”, indicó.
Uno de los casos que destacó Murillo es el del dirigente Enrique Márquez, quien se ha caracterizado por ejercer una oposición moderada a Nicolás Maduro, apostando por la vía institucional y el diálogo político.
A pesar de ello, el líder del partido Centrados en la Gente fue detenido el 7 de enero, y posteriormente acusado de participar en un presunto plan para juramentar a Edmundo González desde el exilio.
El activista denunció también que a los detenidos desde las elecciones del 28 de julio “no se les permitió defensa privada, las presentaciones se hicieron de forma telemática y grupal y se les incomunica totalmente”.
De igual forma, apuntó a la presunta utilización de grupos de encapuchados con armas largas, sin ninguna insignia, para evitar que los testigos puedan identificar qué organismo de seguridad ejecutó la detención.
“El debido proceso ha quedado muerto en los últimos días”, sentenció.
El director de Provea califica este patrón como “muy peligroso”, e insiste en que la comunidad internacional “no puede voltear la mirada con lo que pasa en Venezuela”.