Diosdado Cabello ordena revisar más de 12 mil casos de detenidos sin sentencia
La medida fue anunciada durante el acto de reinicio de la denominada “revolución judicial”. El funcionario aclaró que el proceso no implica una defensa de los detenidos, al señalar que existen delitos graves entre los casos evaluados. El plan se implementará inicialmente en dos regiones del país
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ordenó este miércoles la revisión de 12.425 casos de personas que permanecen detenidas en el sistema de justicia venezolano desde hace más de dos años sin haber recibido sentencia.
La medida fue anunciada durante el acto de reinicio de la denominada “revolución judicial”, una iniciativa del Ejecutivo que busca acelerar la evaluación de expedientes dentro del sistema penitenciario del país.
Cabello informó que actualmente existen 58.714 personas privadas de libertad en Venezuela, de las cuales 12.425 casos serán sometidos a revisión inmediata como parte del plan gubernamental.
“Allí está una tarea inmediata, revisar 12.425. De esos hay en los centros penitenciarios 4.203 y en los centros preventivos 8.222”, detalló el ministro, al precisar la distribución de los casos que serán evaluados.
Las revisiones estarán a cargo de una comisión especial del Ejecutivo que contempla entrevistas directas a los privados de libertad, así como el análisis de sus expedientes judiciales.
El funcionario aclaró que el proceso no implica una defensa de los detenidos, al señalar que existen delitos graves entre los casos evaluados. En ese sentido, indicó que los procesados por narcotráfico quedarán excluidos de esta revisión.
“Esto no es un tema politiquero, es un tema de política de Estado”, afirmó Cabello, al asegurar que la iniciativa forma parte de la Comisión de Reforma del Poder Judicial.
El plan se implementará inicialmente en dos regiones del país: la región central, que incluye Aragua, Caracas, Carabobo, Miranda y La Guaira, y la región occidental, que abarca Falcón, Lara y Zulia, donde —según el ministro— se concentra una parte significativa de la población penitenciaria.
Con esta medida, el Gobierno busca acelerar la revisión de expedientes en un sistema judicial que ha sido objeto de cuestionamientos por el retardo procesal y la prolongación de detenciones sin sentencia.