¿Diez cabezas del contrabando?

El monstruo de la escasez tiene diez cabezas, según William Contreras, responsable nacional de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), quien responsabiliza a Alimentos Polar, Cargill Venezuela, Convelac, Johnson & Johnson, Medical, Nestlé, Inlaca, Kimberly Clark, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, Manpa y Paveca, de la falta de alimentos en los anaqueles.

El primero de mayo, en La Hojilla, Contreras calificó a estas empresas, en su mayoría trasnacionales, de ser responsables de lo que califica como“boicot”. Las acusó, bajo la arenga militante de Mario Silva, de “alterar” la distribución de sus productos. “Son los bachaqueros reales que afectan el abastecimiento en el país y generan las largas colas que agobian a los venezolanos”, expresó sin pruebas.

En VTV, Contreras aseguró que las diez empresas incurren en diversos delitos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos y serán penadas con el peso de la ley. “Investigamos respecto a la producción de importación”.

Para Carlos Montero, economista especialista en formulación de proyectos, la tesis de la “guerra económica” no es ficción, aunque le molesta que desde Miraflores se venda como la causa de la actual crisis.

“El manejo torpe de las finanzas por parte del Ejecutivo influye en 80 por ciento”. A su juicio, no hay dólares, y eso se evidencia en el desplome de las importaciones".

“No me vengan a decir que empresas como Polar o Cargill por más poderosas que sean puedan poner en jaque al Gobierno”, esgrime Montero, quien recuerda que el Ejecutivo maneja 97 por ciento de las divisas y las distribuye. “A esas trasnacionales no les hace falta nuestros dólares. Tienen capacidad, como en otros países, de ir por ellos al mercado internacional”.

Linchamiento empresarial

El Estado venezolano despliega toda su mercadotecnia para realzar la existencia de la “guerra económica”. El martes 10 de mayo el Ministerio de Información y Comunicación (Minci) publicó en su portal el siguiente titular: “Johnson & Johnson contribuye a la guerra económica”. El comunicado centra su contenido en la denuncia de trabajadores sobre “sabotaje” en la elaboración de productos de primera necesidad.

“Esta transnacional (Johnson & Johnson), así como otras que operan en Venezuela, persigue como fin inmediato la distorsión de la distribución y comercialización de productos como toallas sanitarias, champú para bebés o cotonetes, para crear malestar en la población y desencadenar una reyerta social a causa la escasez de estos artículos”, se lee en la nota.

Enrique González, máster en economía industrial, cuestiona que con sus canales de prensa digital, radio y televisión, el Gobierno proyecte, además, publicidad sobre una supuesta práctica denominada “simplificación de la producción” de parte de industrias. Eso, sin que exista instrumento legal que la considere ni cuente con microfundamento económico.

González critica que el Superintendente de la Sundde “linche” a través de VTV y otros medios,a las referidas diez empresas, aun cuando existe un estricto sistema de abastecimiento y distribución de alimentos (Sada) por parte del Gobierno y un control de precios regulados sobre los productores y comercializadores formales que no participan en los mercados bilaterales de reventa de productos.

“No existe a la fecha procedimiento administrativo alguno con decisión firme que valide tal despliegue de conductas ilícitas”, afirma el especialista en un artículo de opinión.

Sin pruebas

El sector empresarial venezolano teme el éxodo de empresas del ramo alimenticio. El martes 29 de marzo, la multinacional estadounidense General Mills señaló en un comunicado que vendería todos sus negocios en Venezuela, incluyendo las marcas Underwood, Rico Jam y Frescarini. Sean Walkers, su presidente, expresó que la decisión fue tomada porque van a priorizar otras oportunidades de crecimiento en Latinoamérica.

“Siempre queda latente que las grandes empresas puedan irse del país hacia otra nación en la que tengan mejores condiciones para invertir y exista seguridad jurídica”, esgrime Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, a quien le gustaría ver las pruebas de “semejante” denuncia. “Si tiene las pruebas que las saque”, responde a Contreras.

Martínez explica que el Gobierno no solo tiene el control de las divisas para importar materia prima, repuestos o insumos básicos para las compañías sino que controla cada una de las fases desde que los isnsumos llegan al país, salen a los centros de producción, de allí a los de distribución hasta arribar a los puntos de venta, donde, según su opinión, es donde se desata el fenómeno del contrabando y la especulación. “Las empresas que mencionó son empresas serias. Nadie especula con la abundancia, pero la verdad es que en Venezuela no hay dólares”.