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El diálogo orquestado por Washington no garantiza la transición

El primer ciclo de conversaciones que se desarrolló en Caracas entre el 6 y el 12 de agosto finalizó con el anuncio sobre la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia. Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, anunció que el próximo ciclo de conversaciones con el Gobierno encargado tendrá entre sus principales temas las garantías y los derechos políticos y civiles.

El diálogo sobre el futuro político de Venezuela se prepara para entrar en una nueva fase. Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, anunció que el próximo ciclo de conversaciones con el interinato, que iniciaría la semana próxima, tendrá entre sus principales temas las garantías y los derechos políticos y civiles.

"Vamos a regresar a partir del 15 de septiembre al escenario de la segunda mesa", señaló la opositora.

El primer ciclo de conversaciones que se desarrolló en Caracas entre el 6 y el 12 de agosto finalizó con el anuncio sobre la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un acuerdo que, a día de hoy sigue sin tomar forma definitiva y con claras dudas sobre la conformación del Comité de Postulaciones que solo ha quedado como una pauta aprobada por unanimidad y sin objeciones para que el órgano pase de 21 a 23 integrantes: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

Además, se acordó la recuperación de activos venezolanos en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia derivada de los terremotos del 24 de junio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el diálogo entre el Gobierno interino y la oposición entrará próximamente en una nueva etapa y que los acercamientos iban por buen camino. Pero tras el acuerdo petrolero anunciado por Trump y Miraflores, la narrativa de la transición ha perdido espacio en sus discursos para centrarse ahora en los intereses energéticos.

Pero hay muchas dudas, sobretodo en el tema del poder Judicial puesto que ahí se concentrará gran parte de la sostenibilidad de una transición sólida.

La ONG Laboratorio de Paz advirtió que los recientes cambios políticos no aseguran una democratización real, sino el riesgo de caer en una "zona gris" o "régimen híbrido".

En su informe Un mes después del 1A: ¿Toda transición conduce a la democracia?, la organización destaca que en el último mes se han producido “cambios relevantes”. Sin embargo, advierte que “ninguno garantiza por sí mismo una democratización del país”.

Y sostiene que la renovación del TSJ o del CNE solo representará un verdadero avance si viene acompañada de reglas que garanticen independencia institucional, transparencia y capacidad para actuar incluso contra los intereses de quienes participaron en sus nombramientos.

La pregunta ya no es si existe una transición” hacia la democracia, sino ¿hacia dónde está conduciendo? esa transición. Salir del autoritarismo no significa necesariamente estar avanzando hacia la democracia. Una sociedad puede abrir espacios de participación y seguir reproduciendo estructuras de poder profundamente antidemocráticas", indica.

El organismo considera que la actual apertura política representa una oportunidad para reconstruir la participación y las capacidades democráticas de la sociedad venezolana. Asmismo, propone avanzar en cuatro áreas para  recuperar la confianza entre sectores afectados por años de polarización y represión; fortalecer sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias y movimientos estudiantiles; construir una agenda ciudadana independiente de las prioridades del Gobierno y la oposición que participan en las negociaciones; y aumentar la capacidad de la sociedad civil para influir en las decisiones públicas.

La organización advierte que uno de los principales riesgos es que la ciudadanía quede relegada y delegue completamente el futuro político del país en las negociaciones entre Washington, Miraflores y las élites venezolanas.

La ONG sostiene que la sociedad civil debe aprovechar este momento para recuperar espacios de participación, organizarse y tener una voz propia en las decisiones que definirán el futuro de Venezuela.

La democracia no será solamente el resultado de lo que acuerden quienes hoy negocian. También dependerá de las capacidades que la sociedad venezolana consiga reconstruir mientras esas negociaciones ocurren”, concluye el informe.

Garantías y derechos políticos y civiles

Dinorah Figuera, por la oposición, agregó que la liberación de los presos políticos constituye uno de los compromisos centrales del proceso de diálogo. "Han sido criminalizados, perseguidos, exiliados y a los que se les ha violado ese derecho".

Y plantea también la derogación de normas que, a su juicio, han restringido el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y ONG, entre ellas la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y la legislación sobre fiscalización y financiamiento de organizaciones no gubernamentales.

Es un tema de justicia que estamos persiguiendo: derogar las leyes contra el odio, la ley contra las organizaciones no gubernamentales, la ley también del tema de los activos donde hemos sido criminalizados y otras leyes de carácter coercitivo que nos han limitado en el ejercicio democrático”, puntualizó

"Quiero dejar claro aquí que hemos convocado a todos los sectores de la oposición, a las partes, a las no partes, si quieren juntos, si quieren revueltos o si quieren uno por uno, estamos plenamente dispuestos a dar la discusión”, senaló Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero de la fracción del chavismo desde el hemiciclo.

Otro de los puntos que se tiene previsto resolver es la recuperación de  4.000 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra desde 2018, fondos que buscan destinar a la reconstrucción tras los terremotos de junio.

El Reino Unido dejó de reconocer al Gobierno venezolano en 2018, lo que en la práctica bloqueó el acceso a esos activos, hoy inmersos en una disputa judicial que aún no se resuelve.

El diputado Ramón López, integrante de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 que participa en las mesas de diálogo, explicó que la liberación de esos activos estará condicionada a "toda la planificación necesaria y mecanismos de control", con un plan orientado a vivienda, centros de salud y escuelas en las zonas afectadas.

Además, preciso que los recursos serían depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sometidos a auditorías con empresas internacionales, como condición para su desembolso.

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