Dgcim intenta apoderarse de bienes del coronel Ulises Hernández Rojas
Familiares del coronel detenido denuncian intentos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar por apropiarse de su apartamento tras una detención arbitraria. El caso está marcado por irregularidades y amenazas.
Ulises Hernández Rojas, coronel retirado y uno de los ocho implicados en el polémico Caso Azul Celeste, fue detenido el pasado 24 de enero en el estacionamiento de su edificio por tres civiles armados, en un episodio que ha dejado a su familia en la incertidumbre y la denuncia. Ahora, sus seres queridos revelan que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) busca apoderarse de su apartamento, tras la incautación ilegal de sus bienes.
Alida Hernández Rojas, hermana del coronel, relató a TalCual que el pasado 15 de octubre, una comisión de la Dgcim se presentó en las Residencias Plaza Jardín, Caracas, para realizar una "inspección". Al día siguiente, regresaron con una mujer y anunciaron que llevarían a un técnico de aires acondicionados para limpiar los equipos de la vivienda. Un vecino escuchó cómo los funcionarios insinuaron que la mujer podría mudarse allí: "Esa iba a ser su nueva vivienda".
La hermana del detenido subrayó que no hay ninguna orden judicial que respalde la incautación de bienes. "Al mes de que se lo llevaron, le incautaron todos sus bienes", detalló, añadiendo que firmaron una orden de incautación que no figura en el expediente oficial. Se le confiscaron también otro apartamento y un vehículo, sin ningún tipo de orden de la Fiscalía.
La detención de Hernández Rojas fue arbitraria y quedó registrada en video. “Se lo llevaron a golpes, arrastrado, a la fuerza”, recordó Alida, quien también mencionó que el coronel estuvo desaparecido durante 15 días, recluido en la sede de la Dgcim en Boleíta antes de ser trasladado al Internado Judicial El Rodeo I. Según su testimonio, no tenía idea de por qué estaba detenido ni conocía a los funcionarios acusados en su caso.
El caso ha estado rodeado de irregularidades. Aunque el coronel fue presentado a tribunales el 9 de febrero, el acta de la audiencia señala erróneamente que esta se realizó el 26 de enero. A pesar de que la audiencia preliminar fue programada para marzo, ha sido diferida más de 19 veces. Alida Hernández también fue víctima de la persecución, siendo obligada a abandonar el país tras recibir amenazas hacia su hermano.
En un entorno donde el periodismo se ejerce bajo constantes amenazas, la situación del coronel y su familia refleja la grave crisis de derechos humanos en Venezuela. Este caso es solo un capítulo más en un relato de injusticias que se repiten en el país.