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Denuncian hostigamiento del Dgcim contra activista social en su vivienda en Yaracuy

Wilmer Rojas fue presuntamente amedrentado frente a su casa en San Felipe. El politólogo Yonnathan Carrillo denunció un despliegue de funcionarios y patrullas durante varias horas. El activista logró salir de su vivienda mientras su padre dialogaba con los cuerpos de seguridad

Una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habría hostigado al activista social y defensor de los derechos humanos Wilmer Rojas frente a su vivienda, en San Felipe, estado Yaracuy, durante la noche del sábado 10 de octubre.

La denuncia fue difundida este domingo por el politólogo Yonnathan Carrillo a través de las redes sociales, donde publicó una grabación del procedimiento y alertó sobre la presencia de funcionarios y varias patrullas a las afueras de la residencia del activista.

Carrillo señaló que Rojas es conocido por denunciar a través de sus plataformas digitales las carencias sociales que afectan a la población. Según el politólogo, sus publicaciones han tenido un amplio alcance y habrían generado incomodidad entre autoridades locales, entre ellas el alcalde de San Felipe, Rogger Daza, y el gobernador de Yaracuy, Leonardo Intoci, ambos vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En el material difundido también se observan patrullas policiales en las inmediaciones de la vivienda, de acuerdo con la descripción publicada por Carrillo.

Horas después de la primera denuncia, el politólogo informó que Rojas había logrado ponerse a resguardo. "Wilmer está en resguardo, logró salir de su casa mientras su papá dialogaba con los cuerpos de seguridad", señaló.

Asimismo, aseguró que el despliegue se prolongó durante al menos tres horas y denunció que el presunto amedrentamiento no se limitó a la residencia, pues, según su versión, funcionarios también se presentaron en el lugar de trabajo del activista.

Carrillo advirtió sobre la situación de los defensores de derechos humanos y de quienes utilizan las redes sociales para denunciar problemas sociales en el país.

Hasta el momento, la información difundida no incluye una versión oficial del Dgcim ni de las autoridades regionales sobre el procedimiento denunciado.

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