Delcy contrató como asesor al abogado de Yussef Abou Nassif, su expareja millonaria
Jihad M. Smaili, quien se registró ante el sistema FARA (Foreign Agents Registration Act) del Departamento de Justicia de Estados Unidos como agente extranjero de la presidenta encargada de Venezuela para, entre otras cosas, apoyar su “futura campaña política” de cara a las “próximas elecciones presidenciales en Venezuela”, trabajó como representante legal del empresario de 36 años y de origen libanés.
El abogado Jihad M. Smaili, quien se registró ante el sistema FARA (Foreign Agents Registration Act) del Departamento de Justicia de Estados Unidos como agente extranjero de la presidenta encargada de Venezuela para, entre otras cosas, apoyar su “futura campaña política” de cara a las “próximas elecciones presidenciales en Venezuela”, trabajó como representante legal de Yussef Abou Nassif Smaili, hasta hace poco su pareja, un empresario de 36 años y de origen libanés que mantiene un perfil bajo y que, según varios medios internacionales, acumuló una considerable fortuna en medio de la crisis venezolana.
En enero de 2026, el abogado apareció públicamente como representante de Yussef Nassif -pareja sentimental de larga data de Rodríguez- cuando la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) investigaba posibles negocios irregulares entre funcionarios venezolanos y allegados al entorno de Rodríguez, publicó entonces Northwest Arkansas Democrat-Gazette. En ese momento, Smaili emitió un comunicado negando cualquier actividad ilícita de su cliente”, reportó TalCual.
La contratación del jurista oriundo de California quedó asentada en el expediente número 7715 del sistema FARA. En el documento se establece que el experto legal “proporcionará asesoramiento y consejo diario al principal extranjero sobre asuntos que involucren al Departamento de Estado y al Presidente de los Estados Unidos, incluyendo asesoramiento sobre cómo fortalecer y avanzar en la relación actual en beneficio del pueblo venezolano”, difundió Infobae en una nota.
Negocios con los Clap
El empresario libanés, 20 años menor que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría acumulado una fortuna superior a los 500 millones de dólares gracias a contratos con el Estado. Yussef y sus hermanos, Omar y Jamal, consolidarían un conglomerado empresarial que incluye desde importación de alimentos hasta construcción, servicios turísticos y bienes raíces. Varios reportes internacionales indican que gran parte de sus ganancias proviene de contratos vinculados al Estado venezolano durante el gobierno de Maduro.
Según investigaciones de la DEA (agencia antidrogas de EE. UU.), entre 2017 y 2018 los Abou Nassif recibieron contratos por 413 millones de dólares a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental destinado a distribuir alimentos subsidiados a la población, de baja calidad, que además ha sido denunciado como una forma de control social para quienes dependen de estos alimentos.
Smaili también “proporcionará asesoramiento legal sobre la contratación de despachos de abogados especializados en la litigación de PDVSA/Citgo, así como sobre las reclamaciones pendientes de acreedores/juzgados relacionadas con los asuntos vinculados a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”.
Smaili, de acuerdo con la biografía que tiene en su página personal, es un abogado con amplia experiencia en derechos civiles y derecho laboral, y se desempeña como socio principal en Smaili & Associates, P.C., en Santa Ana, California. Cuenta con una trayectoria profesional de más de dos décadas, ha consolidado una prestigiosa práctica centrada en la defensa de las víctimas de discriminación, acoso, represalias y despidos injustificados. El Sr. Smaili también maneja selectivamente casos de lesiones personales y negligencia médica, defendiendo siempre los derechos de quienes han sufrido injusticias o han sido marginados.
Obtuvo su título de Doctor en Jurisprudencia (J.D.) con honores (magna cum laude) de la Facultad de Derecho Cleveland-Marshall, donde fue editor de la revista jurídica y recibió múltiples distinciones académicas. Fue admitido en el Colegio de Abogados de Ohio en 1998, y sus inicios profesionales en el ámbito jurídico estuvieron ligados al servicio público. Se desempeñó como Fiscal General Adjunto en la Sección de Litigios Penitenciarios de Ohio y, posteriormente, como Fiscal Auxiliar en la Unidad de Delitos Graves del Condado de Cuyahoga.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Sr. Smaili se dedicó a representar a demandantes en casos de derechos civiles y a defender a clientes que enfrentaban cargos penales por motivos políticos y procesos de inmigración. En 2006, se mudó a California, donde trabajó como asesor jurídico interno en el sector sanitario antes de abrir su propio despacho en 2009.