Delcy contrata a lobista en Washington para prepararse para la campaña
Jihaid M. Smaili, abogado con bufete en California, se registró en EE.UU. como agente extranjero de la presidenta encargada
Un documento registrado el 14 de abril de 2026 ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos revela la existencia de una operación de cabildeo en Washington vinculada a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, orientada —entre otros objetivos— a respaldar su proyección política de cara a una eventual candidatura presidencial en Venezuela.
El expediente, identificado como el número 7715 dentro del sistema de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Fara, en inglés), consigna que el abogado californiano Jihad M. Smaili se registró formalmente como agente extranjero de Rodríguez. En el documento se le describe como “gobernante encargada” de Venezuela, con residencia en el Palacio de Miraflores, y se detalla que una de las finalidades del acuerdo es apoyar su “campaña política” rumbo a la próxima elección presidencial.
Según el registro, Smaili prestará asesoría en asuntos vinculados al Departamento de Estado y la Casa Blanca, con el propósito declarado de “fortalecer y avanzar la relación actual en beneficio del pueblo venezolano”. Asimismo, se contempla su participación en gestiones para promover la “eliminación de las sanciones” impuestas a funcionarios y entidades venezolanas, reseña Tal Cual.
El rol del abogado, de acuerdo con el expediente, lo ubica no solo como representante legal en litigios, sino también como intermediario político y gestor de influencia ante el gobierno estadounidense. Entre los asuntos incluidos en su representación figuran disputas relacionadas con Pdvsa y Citgo, así como reclamaciones de acreedores vinculados a las Farc.
Smaili ya había aparecido previamente en el entorno cercano de la dirigente venezolana. En enero de 2026 actuó como representante de Yussef Nassif, pareja sentimental de Rodríguez, en medio de investigaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre presuntos vínculos entre funcionarios venezolanos y allegados a su círculo personal. En aquel momento, el abogado negó cualquier implicación irregular de su cliente.
El registro ante el Departamento de Justicia se produce en un contexto de cambios en la política de sanciones de Washington hacia Caracas. El 1 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro eliminó las sanciones individuales contra Rodríguez, quien había sido incluida en la lista de nacionales especialmente designados en 2018. La decisión fue celebrada por la dirigente venezolana, quien instó a avanzar hacia el levantamiento de otras restricciones aún vigentes y la consideró “un paso significativo en la dirección correcta para normalizar y fortalecer las relaciones entre nuestros países”.
Un día antes del registro de Smaili, Rodríguez había solicitado públicamente la eliminación de las sanciones restantes, mientras que el 14 de abril la administración estadounidense anunció un alivio adicional sobre el sistema financiero estatal venezolano, permitiendo mayor operación en dólares y una reincorporación parcial al sistema financiero internacional.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros, vigente desde 1938, exige que toda persona que represente intereses de gobiernos o entidades extranjeras divulgue públicamente sus actividades, financiamiento y objetivos dentro de Estados Unidos. Aunque no prohíbe el cabildeo, sí obliga a la transparencia sobre cualquier influencia extranjera en la política estadounidense.
El propio expediente señala que el acuerdo con Smaili fue establecido de forma oral el 11 de abril de 2026 y que su formalización escrita aún está pendiente, un elemento que, si bien no está prohibido por la ley, resulta inusual dentro de los estándares habituales de cumplimiento de Fara.