Dávila: "Maduro piensa disolver la AN con el TSJ"

El diputado opositor Williams Dávila, sostuvo este domingo que el presidente Nicolás Maduro piensa disolver la Asamblea Nacional con concurso del Tribunal Supremo del Justicia (TSJ) esquivando las vías constitucionales.

Así lo denunció en entrevista al portal Infobae, durante su viaje a Brasil, donde fue recibido en el Congreso de ese país junto a su colega Luis Florido.

"Va a considerar que es una facultad sine qua non disolver la AN. Eso sería un golpe a la Constitución y, por ende, el comienzo de una dictadura abierta en Venezuela", explicó al tiempo que afirmó que basa su denuncia en las amenazas que ha vivido el parlamento desde el 6 de diciembre cuando se eligieron los nuevos diputados.

A continuación lea la entrevista completa:

-¿Cómo fue la visita al parlamento brasileño y qué temas expuso junto al legislador Luis Florido?
-Fue muy efectiva y tuvo resultados. Con los diputados Rubens Bueno y Raúl Jungmann se reactivó la visita de la Cámara de Diputados aprobada el año pasado para que evalúen in situ la situación de los derechos humanos y rindan un informe sobre Venezuela en el plenario de la Cámara de Diputados. Viajarán a Caracas y harán un reporte oficial.

En el Senado, tuvimos una exposición muy detallada sobre la violación de los derechos humanos, la situación de la Ley de Amnistía y el ataque del gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional.

En la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, presidida por el senador Aloysio Nunes, se aprobó una Resolución de apoyo a la Ley de Amnistía, se apoyó la lucha por la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados políticos.

La exposición en el Senado duró cuatro horas y, detalladamente, planteamos la lucha global contra la corrupción y solicitamos cooperación para las denuncias que existen contra Odebrecht y JBS -que tienen negocios con Venezuela- y explicamos la situación de crisis económica, social, política y humanitaria que vive el país. También hablamos del aumento de precios: la inflación en enero fue del 15% y el año pasado llegó al 180%, según el FMI; y puede llegar al 240% al final de 2016.

Hay escasez de comida y medicinas, inseguridad, recortes de energía eléctrica y apagones, falta de insumos y equipos médicos, y pobreza creciente.

La inseguridad se agudiza todos los días: 25.000 homicidios ocurrieron el año pasado y esto en gran parte se debe a la descomposición del Estado venezolano, que desde el punto de vista científico no ha abordado el problema de la inseguridad; sino que se ha abocado a implementar planes y operativos militaristas de coyuntura pero que no han ido al fondo del problema como sería por ejemplo el diseño de una política de seguridad integral sustentable.

-¿Cómo fue recibido el mensaje de ustedes en el Congreso de Brasil? ¿Los legisladores brasileños prometieron algún tipo de ayuda?
-Hubo receptividad dado que la crisis de Venezuela puede tener efectos desestabilizadores en América del Sur hasta el punto que un grupo parlamentario de los diputados visitará Venezuela prontamente y la Comisión de Política Exterior aprobó la resolución en defensa de la Ley de Amnistía y el apoyo a la lucha por la libertad de los presos políticos.

Entre otras cosas, también ofrecieron cooperar e intercambiar información relacionada con los casos de Odebrecht, JBS e Hypermarcas. Es importante señalar que personajes vinculados con Luiz Inácio Lula de Silva y Dilma Rousseff, así como con la campaña de Hugo Chávez, están siendo investigados por financiamiento ilícito a las campañas electorales de estos presidentes. Casos como los de Joao Santana y José Dirceu, que están presos, sirvieron de articuladores a estas operaciones fraudulentas de carácter financiero electoral.

El anterior presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, en junio de 2015 estuvo en Brasil por cuatro días y la visita no fue un secreto. Estuvo acompañado por otros funcionarios y se reunió con Lula y Dilma, pero también con el multimillonario Joesley Batista.

Para nadie es un secreto el increíble contrato de Batista y su empresa JBS con el gobierno venezolano. Tiene un contrato de USD 2.1 mil millones y proporciona casi la mitad de la carne y una cuarta parte del pollo que se consume en Venezuela.

La factura de 2014 fue de 1.2 mil millones de dólares en alimentos al gobierno venezolano y recibió sus pagos dentro de los 90 días, de acuerdo con documentos preparados conjuntamente por la empresa y el gobierno a través de Corpovex.

Por el contrario, las empresas locales y extranjeras en Venezuela no han sido capaces de obtener los dólares racionados del gobierno en años. Estamos hablando de 28.000 millones de dólares en facturas pendientes de pago. JBS fue el mayor donante de dinero al Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff.

Con Odebrecht, el gobierno venezolano tiene obras como el metro de Caracas, el tendido de un puente de 11.4 kilómetros sobre el lago de Maracaibo y parte del desarrollo de la represa del Tocoma y se dice que estuvo vinculado al financiamiento electoral de la campaña del presidente Chávez.

Lo cierto es que advertimos la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro disuelva la Asamblea Nacional y, por eso, es muy importante esta relación con los parlamentos del mundo y comenzamos nuestra visita por el Brasil dado la importancia estratégica para fortalecer la integración de América del Sur, pero lo más importante, la promoción de la democracia.

Los legisladores prometieron apoyar la libertad de los presos políticos y la conformación del grupo de amistad parlamentaria Brasil-Venezuela para estrechar lazos de cooperación legislativa.

-Tengo entendido que detallaron cuatro puntos para lograr la salida de Maduro: la renuncia, el juicio político, el referendo revocatorio y la enmienda constitucional. ¿Puede explicarlos brevemente?
-Son mecanismos políticos constitucionales que permiten darle una salida política, pacífica, democrática, electiva y constitucional a la crisis política, económica y social que padecemos.

El régimen desconoce la soberanía popular expresada el pasado 6 de diciembre en los comicios legislativos y, por medio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desarrolla una jurisdicción normativa para cercenar la soberanía popular por medio de restricciones a las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

Esto lo hace hasta el punto que el TSJ se mete a modificar el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que es la norma que rige el funcionamiento de la misma. El TSJ es designado por la AN y, pese a ser un poder derivado a través de la Sala constitucional, se extralimita e invade atribuciones de otro poder violando el principio de la separación de poderes.

Esta decisión del TSJ no sólo ocasiona graves daños al Estado de Derecho sino que lo destruye. Es la perversión política de la justicia para favorecer al régimen de Maduro y la única forma de resolver este neototalitarismo que se está implantando es recurrir al pueblo para que decida.

Todavía estamos a tiempo de lograrlo porque el presagio que me invade es que el régimen cada día va cerrando los caminos simplemente para imponer un dictadura militar-civil.

-Maduro llega a la mitad de su mandato en abril. ¿En esa fecha se puede convocar un referendo revocatorio verdad? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para dicha convocatoria?
-El artículo 72 de la Constitución señala que, transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el presidente, un número no menor del 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores que eligieron a Maduro hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referéndum un número de electores igual o superior al 25 % de los electores inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.

Dependemos del Consejo Nacional Electoral que ya aprobó unas normas internas donde pide 1% de firmas para manifestar la intención de solicitar el referéndum.

Es una de las opciones de la Mesa de la Unidad Democrática (la coalición opositora MUD). Debo expresar categóricamente que cualquier vía será decidida por la MUD porque la unidad es esencial para lograr la victoria.