CPI afirma que su sede en Venezuela “no será una oficina secreta”
El fiscal general de la CPI, Karim Khan, confirmó que el organismo abrirá una oficina en Venezuela, con el fin de cooperar en la investigación en curso sobre violaciones a los derechos humanos. “Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro de que no lo seré. Mi trabajo es aplicar la ley”, sentenció
Tras su reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reafirmó su intención de abrir una oficina en Venezuela para agilizar la investigación de violaciones a los derechos humanos.
A su salida del encuentro sostenido en el Palacio Federal Legislativo, aseguró que “no será una oficina secreta”, ya que “no trabaja ilegalmente ni clandestinamente”.
“Seguiremos trabajando, haciendo lo que decimos que estamos haciendo, que es trabajar de forma independiente, imparcial, sin segundas intenciones, para que la ley, por la gracia de Dios, reine eficazmente”, señaló.
Khan se reunió con Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, durante la tarde de este lunes, donde aseveró que el propósito de las investigaciones son los “crímenes que pueden constituir genocidios, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad”.
“Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro de que no lo seré. Mi trabajo es aplicar la ley”, sentenció.
La visita del funcionario tiene lugar semanas después de que la CPI rechazó la apelación interpuesta por el Gobierno venezolano contra la investigación por crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones de 2017, que dejó un saldo de aproximadamente 125 muertos.
Según argumenta el oficialismo, dicho proceso solo podía dirimirse en el sistema de justicia nacional.
Una denuncia realizada de forma conjunta por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá en 2018 se convirtió en una investigación formal en noviembre de 2021, tras la primera visita oficial de Khan a Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, comentó que su nación ha tenido un gran progreso en el tema de los derechos humanos, y resaltó que 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por estos crímenes.