Consejo Permanente de la OEA recibe informe sobre DD. HH. en Venezuela de la Cidh
La Comisión llevó su informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela después del 28 de julio. Delegaciones como Uruguay y Argentina instaron a la presentación del documento, mientras que otros países, como Bolivia, se opusieron. “La gravedad de los hechos en Venezuela no puede seguir esperando”, dijo Sonia Cavallo, representante argentina
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió este miércoles el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que detalla las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas en Venezuela en el periodo posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Este documento, que expone un panorama alarmante sobre la represión en el país sudamericano, fue motivo de intensos debates entre los representantes de los países miembros, consiguiendo la oposición de delegaciones como la de Bolivia, que se mostró en contra de su presentación en la sesión.
La Cidh había expresado anteriormente, el 9 de enero, su enérgico repudio al uso sistemático de prácticas que calificó como “terrorismo de Estado” por parte del Gobierno venezolano, señalando su intención de “sembrar miedo y controlar a la población”.
En su informe, la Comisión instó al gobierno de Nicolás Maduro a cesar de inmediato la persecución contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, y a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos.
Durante la sesión, el representante de Uruguay en la OEA, Washington Abdala, manifestó su profunda preocupación por la situación en Venezuela, calificándola de "bastante grave".
Subrayó la importancia de escuchar el informe de la relatora de la Cidh de manera directa y criticó las objeciones presentadas por algunas delegaciones sobre la falta de documentación previa.
Según el diplomático, "lo importante no es la documentación, es el informe sobre la situación en Venezuela".
Por su parte, Sonia Cavallo, representante de Argentina, hizo un llamado a abordar la crisis venezolana con urgencia, especialmente tras lo que describió como la ilegítima investidura de Nicolás Maduro el 10 de enero.
Cavallo cuestionó los argumentos de algunos países del Caribe sobre la falta de traducción del informe y destacó la excepcionalidad de la situación.
“La gravedad de los hechos en Venezuela no puede seguir esperando. Es urgente hablar de lo que ocurre en uno de los países de nuestra región”, afirmó.
El informe documenta “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Según el reporte, entre el 28 y el 30 de julio se registraron 25 muertes como resultado de la represión estatal, con un patrón de uso letal de la fuerza pública y de grupos paraestatales conocidos como “colectivos”.
De acuerdo con la Comisión, al menos 10 de estas muertes son atribuibles a fuerzas estatales, de las cuales ocho fueron causadas por efectivos militares y dos por la policía.
Otras seis muertes fueron atribuidas a los "colectivos", que operan con el consentimiento del gobierno, mientras que dos casos involucraron acciones conjuntas entre fuerzas estatales y grupos no estatales.
Todas las víctimas murieron por arma de fuego, y los peritajes concluyeron que los disparos fueron realizados con intención letal.
El informe también destaca un cambio en el perfil socioeconómico de los manifestantes en comparación con protestas anteriores.
Las movilizaciones de julio ocurrieron principalmente en barrios populares y estuvieron protagonizadas por jóvenes en situación de pobreza, muchos de ellos trabajadores informales como mototaxistas, obreros y pequeños comerciantes.